El cierre de los procedimientos de infracción contra España y otros ocho Estados miembro de la Unión Europea supone la culminación de un período de seis años de incertidumbre, inestabilidad, rabia y miedo en la farmacia europea. La Comisión Europea no ha alcanzado lo que se proponía, sino todo lo contrario: un reconocimiento claro e inequívoco por parte del derecho europeo de que la oficina de farmacia puede regularse en interés de la Sanidad pública, y que existen ámbitos en los que el dogma del libre mercado libre no prevalece. El único misterio sin resolver es saber el motivo por el que la Comisión Europea ha tardado tanto en cerrar los casos. Supongo que incluso a los burócratas les cuesta admitir la derrota.
Se ha dedicado una gran cantidad de esfuerzo, tiempo y recursos en estos casos, recursos que sin duda habrían sido mejor utilizados para fortalecer nuestra profesión ante los importantes retos y oportunidades que nos esperan. Pero de alguna manera este esfuerzo no se ha hecho en vano. Hay que reconocer que la regulación de la farmacia es un privilegio, y los ciudadanos tienen el derecho a cerciorarse de que el modelo regulado está justificado por el bien del interés público. Los casos nos han obligado a examinar de cerca nuestra profesión, y quizá incluso a entender mejor porque la oficina de farmacia tiene un lugar especial en el corazón de la sociedad europea como servicio sanitario, y no como un mero distribuidor, y eso es algo que merece la pena defender.
Ojalá pudiera decir que todo ha terminado y ahora podemos seguir hacia adelante. Pero el momento elegido para anunciarlo puede parecer irónico. Cuando se escriba sobre la historia del intento de la Comisión Europea de liberalizar los modelos farmacéuticos se dirá que comenzó en 2003, con un informe de la dirección general de la Competencia sobre las profesiones reguladas. Este informe dedicaba un capítulo entero a la farmacia. Y, ¿quién fue el autor del informe? El recién elegido primer ministro de Italia, Mario Monti. Y si las autoridades financieras internacionales están de acuerdo en algo es en lo siguiente: la liberalización de las profesiones fomenta el crecimiento económico. Por ello, en el futuro, nuestra batalla ya no será una cuestión jurídica, sino económica. Pero por ahora hay que saborear el momento, relajarse y tomarse una copa. Al menos una pesadilla ha terminado.
