Secretario Afaran martes, 16 de septiembre de 2014 h
Dos años pasan del inicio de las sucesivas subastas andaluzas de medicamentos. A punto de terminar la primera de ellas, la Junta de Andalucía anuncia para el próximo 1 de octubre la imposición de una nueva de ellas, la cuarta, a los pacientes y farmacéuticos andaluces, ante la pasividad de la justicia española. La Abogacía del Estado presentó recurso ante el TC al mismo tiempo que hizo con el euro por receta, pero éste órgano aún no se ha pronunciado en referencia a la cuestión andaluza.
En esta cuarta subasta los laboratorios apenas se han presentado ante la exclamación popular de inconstitucionalidad que no termina de llegar desde el TC. Los pacientes andaluces siguen sufriendo la inequidad al acceso a la prestación farmacéutica que provoca el modelo de subasta. “La Junta obliga al médico a recetar por principio activo, y al farmacéutico a dispensar fármaco de subasta”, ciclo cerrado. Los pacientes se quedan sin posibilidad de elegir marca de principio activo, como si sucede en el resto de CCAA. Ante una intolerancia, ni paciente ni farmacéutico pueden actuar. El farmacéutico no puede sustituir ya que la Junta no paga las recetas que no estén dispensadas con fármacos de subasta, ante la incredulidad de los pacientes andaluces.
A todo ello se suma los continuos desabastecimientos que provocan los laboratorios adjudicatarios, que no pueden ofertar la cifra de fármacos que han firmado en la convocatoria, por lo que el farmacéutico no tiene acceso a ellos y no los puede dispensar, algo que hasta hoy no ha flexibilizado la Junta de Andalucía, no pagando en estos dos años las recetas que no venían dispensadas con fármacos de subasta, ante la indignación de la farmacia andaluza.
Indignación que ha pasado para los farmacéuticos a desesperación. El 1 de septiembre la Orden de Precios de Referencia dio otra vuelta de tuerca rebajando aún más los precios de los fármacos españoles. El Estado es el encargado de controlar el precio de los fármacos mediante este mecanismo, pero les otorga a las CCAA capacidades para rebajar la factura farmacéutica que deben abonar cada mes a las farmacias, gracias a los conocidos Reales Decretos, que disminuyen hasta un 15% el margen del PVP de los fármacos. En Andalucía hay que añadirle que el SAS paga a más de 30 días incumpliendo la Ley de pago a proveedores y que no da la ayuda a las farmacias en situación comprometida, como si están haciendo en otras CCAA, tampoco ha decidido financiar servicios de farmacia complementarios a los pacientes andaluces como los sistemas personalizados de dosificación.
Si a todo ello sumas la subasta de medicamentos la situación se convierte en insostenible. La subasta deja a la farmacia sin poder de negociación de compra de su stock de medicamentos, sin descuentos ni aplazamientos de pago. Imposible gestionar una empresa donde cada día los precios son más bajos, y que no te permiten negociar condiciones de compra (En Francia el presidente socialista Hollande acaba de otorgar a las farmacias francesas poder llegar hasta un 40 por ciento de descuento ante los laboratorios, “menos PVPs, menos gasto estatal, pero mayor poder de negociación entre farmacia e industria”, en España hoy día la Ley sólo ampara un mero 10 por ciento, en Andalucía 0%).
