Si hoy tuviéramos que hablar de Sanidad habría que hacer una crónica de tribunales, y cuando sucede esto es que se está produciendo, o ya se ha producido, un divorcio a gran escala en el seno de los órganos que regulan tan principal derecho de los ciudadanos, como es el derecho a la Salud. Los Derechos Fundamentales reconocidos a los ciudadanos en la Constitución de 1978, entre ellos el derecho a la Salud, hoy se ven seriamente devaluados y afectados por luchas fratricidas entre administración central y las comunidades autónomas que buscan hacer de su territorio un lugar discrecional donde los dineros que deberían ir para la Sanidad en no pocas ocasiones se destinan a otros fines que pudiera dar más rédito electoral o político.
La más reciente legislación en materia farmacéutica (RDL 16/2012) ha demostrado que con su publicación se abrió la puerta para poner en marcha mecanismo de control del gasto vía revisión de precios y fomento de medicamentos genéricos. Otras normas legales impulsadas desde las administraciones autonómicas también han tenido su reflejo en los tribunales. La iniciativa catalana tuvo como base la inactividad del Gobierno central para regular la aportación de los usuarios al SNS que venía sin revisarse desde 1978, cuando se alcanzaron los Pactos de la Moncloa. Desde esa perspectiva, Cataluña introdujo la tasa de un euro por receta, recurrido ante el Tribunal Constitucional, como también sucedió en el caso de Madrid, aunque cuando esta comunidad aplica la misma tasa, el Gobierno ya había publicado el RDL 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del SNS y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.
El grado de afectación que las últimas normas publicadas en materia de ahorro del gasto han tenido sobre el sector farmacéutico ha sido extraordinario. Con una excesiva utilización de la vía del real decreto-ley se ha burlado la posibilidad de alegaciones de los agentes interesados y son precisamente ellos quienes asisten perplejos a todas las medidas que se toman en materia de precios, por lo que no es de extrañar que hoy los tribunales de justicia tengan este protagonismo tan excesivo como indeseable. La seguridad jurídica para cualquier administrado frente a las administraciones se torna hoy en una figura tan fundamental como ausente de nuestros derechos, y sería conveniente equilibrar la balanza de las pretensiones de las administraciones públicas y los derechos a observar de los administrados.
