Ante la grave situación de impagos que vivimos, en Fefac hemos reflexionado mucho sobre las acciones por las que debemos apostar en la búsqueda de una solución. Vemos tres opciones posibles: la pasiva, la actitud beligerante y la del diálogo y pacto con administraciones públicas, proveedores y entidades bancarias. Hemos decidido decantarnos por esta última, la de negociar, porque en estos momentos la vemos como la única salida para conseguir un pago lo más inmediato posible. Aunque hayamos apostado por esta opción, en caso de no cumplirse con las nuevas fechas de pago previstas, sí sería el momento de volver a preguntar a los titulares de oficinas de farmacia y plantearnos medidas de presión.
Y en este camino de búsqueda de soluciones urgentes, creemos que lo más acertado y eficiente es que los colegios profesionales y la empresarial trabajemos en la misma dirección y conjuntamente, puesto que compartimos los mismos criterios y una imagen de unidad nos da más fuerza a la hora de defender nuestros derechos. En esta defensa, consideramos que hay que pedir a la Administración, con más ímpetu si cabe, que se haga cargo de sus responsabilidades, y que, mientras no pague, reconozca ante sus ciudadanos que no tiene dinero para sufragar la medicación que necesitan.
En este terreno de las responsabilidades, la farmacia sí está cumpliendo, y en este cumplimiento se halla en una situación paradójica: La ley nos obliga a dispensar los medicamentos a la población al tiempo que, como trabajadores autónomos, nuestra responsabilidad frente al endeudamiento es ilimitada. Es decir, ante un impago, estamos obligados a dispensar aunque nuestra falta de liquidez provoque una suspensión de suministro (por la imposibilidad de pagar a nuestros proveedores), y nos veamos abocados a responder con nuestro patrimonio personal. Esta situación perversa creemos que se solucionaría si no se obligase a las farmacias a ejercer de entidades financiadoras.
