Redactor jefe de ‘La Razón’ viernes, 25 de abril de 2014 h
Los laboratorios y los fabricantes de productos y tecnología sanitaria tienen motivos para felicitarse. Tras activarse varios planes de pago a proveedores que ponían el contador de la deuda a cero pero que no impedían que volviera a acumularse, el Ministerio de Hacienda parece haber dado por fin con el mecanismo que obstaculizará que todo ello vuelva a repetirse en el futuro. El arma para lograrlo es un real decreto de nuevo cuño, dirigido básicamente a retener recursos del sistema de financiación y a procurar el pago directo por la Administración General del Estado si las autonomías incumplen sus obligaciones con los proveedores. La enjundia de esta norma es sobresaliente, porque en principio impediría que, una vez satisfechas todas las deudas, las consejerías de Hacienda retengan de nuevo facturas y destinen el dinero de sus arcas a otros menesteres, recayendo así en una morosidad disparada, como sucedió tras los planes anteriores.
Sabedor del sufrimiento padecido por algunos proveedores del sector sanitario carentes de cash y de la mala imagen del país que han provocado los impagos en el exterior, Cristóbal Montoro tiende un nuevo puente en favor de la Sanidad, rompiendo la tradición que decía que el mayor enemigo de esta área es siempre el ministro de Hacienda. La retención de recursos para las comunidades que incumplan los plazos de pago, y el impulso de la facturación electrónica para hacer un seguimiento exhaustivo y riguroso de esa morosidad van a empujar a los feudos autonómicos a tomar decisiones inéditas si pretenden cumplir los objetivos de déficit. Como tendrán más difícil diferir la retribución de las facturas, las negociaciones con los proveedores para lograr descuentos posiblemente no oficiales cobrarán más intensidad. No es descartable que estos tengan que sacrificar precios a cambio de cobrar rápido.
Otra posibilidad es que las autonomías echen mano del incremento del copago que proponen los expertos comandados por Manuel Lagares para cubrir con esos recursos extra lo que perderán por los pronto-pagos. O que los consejeros constriñan aún más la llegada de fármacos y tecnología que no pueden abonar en plazo, y que adopten dos vías mucho más radicales: o limitar las prestaciones sanitarias que ofertan a sus ciudadanos, o recortar partidas (Asuntos Sociales o Educación) para dedicarlas a Sanidad. El decreto de Hacienda abre caminos inexplorados que conducirán a nuevos sacrificios en el sector. La marca España quedará limpia y la imagen de los directivos ante sus matrices, impoluta. Pero es seguro que tendrán que efectuar ante la Administración gestos con los que hasta ahora no contaban.
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