Puede parece más oportuno que nunca, o más disparatado que nunca. La ministra de sanidad, Ana Mato, acudió a la Comisión de Sanidad del Congreso con un objetivo claro: hacer un llamamiento a todas las fuerzas políticas para que se conviertan en la tercera pata del Pacto Socio-Sanitario que anunció ya en su primera comparecencia en la Cámara. Y lo hizo con dos balas en la recámara: el balance de la reforma sanitaria y los acuerdos suscritos en julio ante el presidente del Gobierno con el Foro de la Profesión Médica y de los enfermeros. Pero la oferta llega con déficits en fondo y forma, para la oposición. Salvo el PP, ningún grupo está dispuesto por el momento a hacer realidad un pacto político en sanidad.
“Sin esta casa y sin las comunidades que no gobierna el PP no tiene pacto, no se engañe; tiene un compromiso con los profesionales”, señaló el portavoz de Izquierda Plural, Gaspar Llamazares, muy tajante al calificar de “metáfora del acuerdo” la propuesta de pacto. Llamazares, que mostró su sorpresa ante el hecho de que Sanidad presente los acuerdos de julio con el apelativo de “históricos” cuando nunca, a su juicio, “ha habido tal desacuerdo” en materia sanitaria, recordó que “en muchas comunidades el debate en sanidad está en los tribunales de justicia, además de en la calle”.
Pero la de participar activamente en el diseño de un pacto no es solo una reclamación de Izquierda Plural. En general, los grupos de oposición no quieren ser convidados de piedra en políticas de hechos consumados. Desde este punto de vista, el principal traspiés de la ministra en la presentación de su oferta tuvo como protagonista a CiU, que valoró negativamente que el ministerio no facilitase a los grupos parlamentarios los acuerdos firmados con médicos y enfermeros y que Mato volviera a mostrar el mismo diagrama del Pacto Socio-Sanitario que ya presentó en su estreno en el Congreso. Pasado un año, el gráfico no incluía ninguna mención a la subcomisión para analizar los problemas estructurales del sistema sanitario público impulsada por CiU.
La portavoz adjunta de Sanidad de CiU, Lourdes Ciuró, volvió a poner sobre la mesa la amenaza de que su grupo abandone la subcomisión si Mato no es “receptiva” a las propuestas que puedan hacerse desde las distintas fuerzas políticas. Además, y aunque felicitó a los profesionales que firmaron los acuerdos de julio, Ciuró criticó la propuesta de pacto por ser “excluyente” y “minoritaria”, al dejar fuera a los grupos parlamentarios y a parte del sector.
A los fallos en las formas se suman todos los defectos de contenido que los grupos de la oposición ven en la oferta. Para todos aquellos que más duramente han criticado la reforma sanitaria, la nueva oferta de pacto pasa por cumplir todos los puntos de los acuerdos firmados en julio, que entre otras cosas hacen referencia a una sanidad pública, universal y con financiación suficiente, lo que para el PSOE significa dar marcha atrás al Real Decreto-ley 16/2012.
“Si trae modificaciones normativas para cumplir el acuerdo, estaremos en el acuerdo”, señaló José Martínez Olmos. Tras mostrar su escepticismo sobre el alcance de esta nueva oferta de pacto, el portavoz de Sanidad socialista pidió al ministerio que no “utilice” el acuerdo de julio y a los profesionales implicados “como aval” de la política sanitaria del PP, que según Martínez Olmos “no está en el espíritu” de lo que se firmó.
Por el momento, el Ministerio de Sanidad no ha comunicado ninguna medida para hacer posible tales acuerdos. El ministerio ha retrasado su concreción hasta el 21 de octubre, fecha en la que los firmantes de los acuerdos de julio celebrarán una conferencia de profesionales sanitarios que se centrará en los avances en la participación de los profesionales en la gestión clínica y en el desarrollo profesional.
Un año y cinco meses después de su implantación, la reforma sanitaria sigue dejando dos imágenes distintas. Por un lado, la del ministerio, con los datos que a su juicio avalan las medidas en farmacia: 2.125 millones de ahorro hasta agosto; 149 millones de recetas menos y 979.348 personas desempleadas y sus familias que ahora obtienen sus fármacos gratuitamente. Por otro, la de la oposición, que insiste en que el ahorro ha salido de los bolsillos de los ciudadanos, especialmente los pensionistas y crónicos, con efectos para la salud.
El portavoz socialista de Sanidad del Congreso, José Martínez Olmos, instó a Mato a pedir a sus servicios técnicos un informe que especifique cuántas recetas emiten los centros de salud para pensionistas y cuántas de ellas se retiran de las boticas. “Encontrará una diferencia del 20 por ciento”, dijo, y criticó también la “enorme desiguadad” con que las comunidades aplican el copago, según puedan o no ajustarse a los topes. Esta semana, el PSOE volverá a solicitar a Mato en el Senado una valoración del impacto de estas medidas.
