Las propuestas en materia sanitaria realizadas en campaña por los diferentes partidos políticos se parecen bastante, especialmente si éstas vienen de los responsables sanitarios de los partidos. Cuando intervienen otros cargos, como los responsables económicos del partido o del Gobierno, las discrepancias pueden aflorar. Si la semana pasada comentábamos el encuentro con los portavoces autonómicos de Madrid para hablar de las elecciones al 24M, esta semana ha sido el turno de la C. Valenciana. En los encuentros sanitarios itinerantes promovidos por Sanofi, todos están de acuerdo en que los criterios económicos no pueden marcar el rumbo de los tratamientos, y lo dicen en la comunidad que impulsó los MAISE (calificación de Medicamento de Alto Impacto Sanitario y Económico) que se ampara, entre otras regulaciones, en el Decreto 118/2010 art. 4 (Generalitat valenciana) y en la Orden 1/2011 que normalizó determinados procedimientos de selección de medicamentos en la red pública. Los argumentos esgrimidos son la necesidad de evaluar y realizar un seguimiento de ciertos medicamentos, pero en esa tarea ya tenemos a la Agencia Española de Medicamentos y PS (Aemps), por lo que se debería poner un poco de orden. Se trata de un debate que se ha abierto muchas veces: el papel no ejecutivo del Consejo Interterritorial del SNS o la coordinación del ministerio de sanidad, asuntos que inciden en las diferencias territoriales que tanto esgrimen todos los candidatos en campaña, pero todos consienten de diversas formas con posterioridad. La realidad es que proliferan las revaluaciones autonómicas, en un papel arrogado que puede ignorar la European Medicines Agency y la propia Aemps que colabora y forma parte activa del organismo europeo.
También es cierto que el “matiz” de eliminar el área única (como han afirmado Podemos y PSM) que ha permitido a un millón y medio de madrileños escoger hospital y centro de salud para su familia (tres millones y medio de personas), es algo que puede ser relevante para muchos. Los portavoces políticos de la C. Valenciana se manifiestan a favor de la universalidad, la equidad y la suficiencia financiera, pero en el caso de los que tienen la responsabilidad de Gobierno en una comunidad autónoma, tienen el presupuesto sometido a los objetivos de déficit, y poco valen estas intenciones, si no son apoyadas desde arriba.
Donde sí hay algo más que matices es en la eliminación del copago, algo que propugnan en la C. Valenciana socialistas y los miembros de Podemos. Pero no indican quién pagaría la cuenta.
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