Una veintena de asociaciones de pacientes valencianas se movilizaron contra del Decreto-ley 2/2013 de esta comunidad al considerar que es “discriminatorio con el resto de ciudadanos españoles” y, por tanto, ser contrarios a la Constitución. Así, representantes de estas asociaciones firmaron en el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia un manifiesto en defensa del derecho a la salud de los valencianos y en contra de este decreto-ley, y solicitaron la retirada de las instrucciones derivadas del mismo provenientes de la dirección general de farmacia regional.
Sobre este particular, la presidenta del colegio de farmacéuticos valenciano, María Teresa Guardiola, aseguró que esta institución “está haciendo todo lo posible para que se retire o se modifique este decreto y las instrucciones que se han dictado, porque es inconstitucional y porque afectará negativamente de manera muy directa a miles de pacientes en la Comunidad Valenciana”. Y es que, según dijo, estas disposiciones “limitan cada vez más la faceta profesional del farmacéutico comunitario, algo que no podemos permitir”.
Asimismo, la presidenta de los farmacéuticos valencianos sembró la duda acerca del presunto ahorro que se persigue alcanzar por parte de la Generalitat. “No se trata de ninguna medida de ahorro, porque para su puesta en marcha se necesitan unos protocolos, aparataje, personal y logística que va a encarecer más el proceso que su habitual dispensación en las farmacias”, manifestó. Además, alertó de que “rompe con la seguridad de la cadena del medicamento y confidencialidad ante los pacientes”.
