El Decreto-ley 2/2013 de medidas farmacéuticas es ilegal e inconstitucional. Así lo pusieron de manifiesto cinco juristas especializados en esta área: Juan Rodríguez Cárcamo, José Marí Olano, José Antonio García-Trevijano y Rafael Ariño y Miguel Mancebo, que durante las Jornadas Farmacéuticas Valencianas celebradas el pasado 11 de abril en la sede del Colegio de Médicos de Valencia incidieron en esta idea.
A este respecto, cabe destacar que durante las jornadas, organizadas por los colegios de farmacéuticos valencianos, Confar y el Sindicato libre de Farmacéuticos, la presidenta de los farmacéuticos valencianos, María Teresa Guardiola, afirmó que el decreto-ley “es injusto e innecesario”. Una legislación que, como dijo Guardiola, les llegó “por sorpresa, cuando parecía que por fin, después de casi dos años terribles, el problema de los impagos entraba en una vía de solución”.
Negociación abierta
Pese a ello, y en un intento de reconducir la situación, los presidentes de los farmacéuticos valencianos se reunieron el 9 de abril con el consejero de Sanidad regional, Manuel Llombart, en el que se acordó mantener una serie de reuniones periódicas para tratar de establecer de un acuerdo marco para que la concertación con la Generalitat se lleve a través de estas instituciones, como se viene haciendo hasta ahora, y no de manera individual, posibilidad que recoge el Decreto-ley 2/2013.
Sobre este asunto se pronunció también el propio consejero valenciano, al señalar que a pesar de que el decreto-ley permite la posibilidad de concertar de manera individual, “la mejor forma de seguir trabajando es a través de los colegios profesionales”.
Rechazo de FEFE
Por su parte, la patronal estatal de oficinas de farmacia, FEFE, celebró el 11 de abril su asamblea general en Valencia donde, además de querer dar una “muestra de apoyo” a los farmacéuticos valencianos, expresaron su rechazo unánime al decreto-ley. “Los representantes de las oficinas de farmacia de todo el país hemos mostrado unánimemente nuestro rechazo al Decreto-ley 2/2013, así como a todos los actos derivados del mismo, ya que incurre en flagrantes vicios de inconstitucionalidad”, explicó Fernando Redondo, presidente de FEFE.
Sobre este particular, añadió que este decreto-ley “pone en riesgo la calidad, la seguridad y el modelo de la prestación farmacéutica del que disfrutan todos los ciudadanos”. Por este motivo, se solicitó la intervención del Gobierno central para, junto con la Generalitat de la Comunidad Valenciana, “paralice el decreto-ley antes de que su entrada en vigor cause daños irreversibles al sistema sanitario y discrimine a los ciudadanos valencianos en el acceso al medicamento”.
