No pagar las deudas no siempre sale gratis. De ello puede dar fe el Govern de Baleares, que tendrá que abonar a sus farmacéuticos más de 520.000 euros en concepto de los intereses de demora generados por los impagos de las facturas de mayo, junio y julio de 2011 (36 millones de euros). Un pago al que tendrá que hacer frente después de que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares haya reconocido que los farmacéuticos de esta comunidad tenían derecho a recibir ese pago en virtud del concierto que desde junio de 2003 regula las relaciones entre estos profesionales y el ejecutivo balear.
Tras conocer la sentencia, el presidente del COF de Baleares, Antoni Real, mostró su satisfacción por el hecho de que se obligue a la administración regional a reconocer su responsabilidad en los impagos. “Una forma de reconocerla es que asuma el pago de los intereses de demora, aunque en este caso haya tenido que ser obligada a ello”, destacó. En este sentido, señaló que el colegio hizo lo que le pidió la asamblea general, y recordó que aún queda pendiente otra reclamación en los tribunales (los intereses por los impagos de las facturas de agosto y septiembre de 2011) que “debería ser también favorable tras este precedente”.
Igual que el de Baleares no es el único caso en el que se han producido impagos, tampoco lo es en lo que a reclamaciones ante los tribunales. Así, una sentencia del juzgado de lo Contencioso número 6 de Valencia estimó las reclamaciones de 675 boticarios valencianos (a través del COF de Valencia) y condenó a la Generalitat a pagar de cerca de ocho millones de euros en concepto de intereses de demora por los impagos de facturas entre abril de 2008 y diciembre de 2011.
Igualmente, el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Valencia condenó a la Generalitat a pagar 2,2 millones de euros a 306 titulares de farmacias de Castellón por el mismo concepto. Por su parte, los farmacéuticos de Alicante están a la espera de que los tribunales resuelvan un recurso en el mismo sentido. Recursos que no son los únicos que han presentado los colegios de esta comunidad para reclamar el pago de los intereses de demora.
En Cataluña también existe un conflicto entre la administración regional y los farmacéuticos por el pago de intereses. Así, el 12 de febrero de 2014 se presentó ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña un recurso contencioso administrativo contra la resolución de la consejería de Salud que desestimó la reclamación de intereses por el impago de las facturas desde agosto de 2011 a octubre de 2012 (12,4 millones de euros y, subsidiariamente, otros 6,2).
Asimismo, el 20 de junio el Consejo Catalán de Farmacéuticos inició los trámites para una nueva reclamación de intereses de facturas que sufrieron retrasos en los pagos en 2013 (enero, febrero, marzo, abril, septiembre, octubre, noviembre y diciembre) y 2014 (enero, febrero y marzo). Una reclamación que no incluye las facturas de junio, julio y agosto de 2013, “porque el CatSalut las abonó antes de la fecha”, ni las de noviembre y diciembre de 2012 y mayo de 2013, porque se cobraron por el Plan de Pagos a Proveedores (mecanismo extraordinario de pago establecido en el RDL 8/2013), que implica la renuncia a los intereses de demora devengados.
Renuncia
Esa es la renuncia que en su día tuvieron que hacer los farmacéuticos de Castilla-La Mancha, que en 2011 renunciaron a cerca de diez millones de euros para poder cobrar la deuda que tenía con ellos su administración regional. En la Comunidad Valenciana esta cantidad ascendería hasta los 17 millones de euros (los farmacéuticos alicantinos sí han recurrido ante los tribunales), mientras que en Cataluña sería de 13 millones. Eso sí, por ejemplo, los farmacéuticos catalanes señalan que “a través del comisario europeo, la Plataforma multisectorial contra la Morosidad, que representa también nuestros intereses, trabaja para obtener de las autoridades europeas la declaración de nulidad de la condición impuesta por el real decreto”.
La Generalitat valenciana volvió a incumplir el calendario de pagos al que se había comprometido. Son unos días de diferencia, pero tras acordar “verbalmente” que se abonaría íntegramente la factura de abril el 30 de junio, la parte pendiente de marzo el 2 de julio, y a finales de julio la facturación de mayo, ese ‘calendario verbal’ no se corresponde con el ‘real’. ¿Cuál será? Según la consejería de Sanidad, el 30 de junio se abonará el 60 por ciento de abril (58 millones de euros) y la parte restante (37,93 millones) el 2 de julio, junto a la parte pendiente de marzo (41 millones). No obstante, confirman que los pagos “estarán al día antes del 15 de julio” .
