La asistencia sanitaria es la segunda partida en volumen de gasto social en la UE-27 (8,4 por ciento del PIB), una media hacia la que España se iba aproximando hasta que esa tendencia se quebró en el año 2010, como consecuencia de la sucesión de medidas de restricción presupuestaria y reducción de costes adoptadas en este ámbito a partir de aquel año y acentuadas desde 2012. Continuar esta tendencia puede alejar peligrosamente a España de sus socios comunitarios, según el Consejo Económico y Social. Frente a la apuesta por los copagos sanitarios que ha lanzado el Fondo Monetario Internacional (FMI), el órgano consultivo del Gobierno hace un último llamamiento a una evaluación del impacto de la reforma sanitaria y alerta de los recortes que subyacen en las previsiones enviadas a Bruselas.
No hace mucho que el CES ponía los puntos sobre las íes a la política farmacéutica del Ejecutivo. Lo hizo en su dictamen sobre el texto refundido de la Ley de Garantías. La ‘Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de España 2014’ amplía su crítica, en buena parte, a toda la política sanitaria.
Las previsiones, según se puede concluir del informe, no son buenas. La meta presupuestaria del Gobierno español, según la actualización del Programa de Estabilidad, es lograr una rebaja del déficit de 5,5 puntos de PIB en cuatro años, desde el 5,8 por 100 registrado en 2014 hasta el 0,3 por 100 proyectado para 2018, mediante una fuerte contracción del gasto público en términos de PIB (5,2 puntos) y un ligero aumento de los ingresos públicos (0,3 puntos de PIB). Por el lado del gasto, el importante descenso en términos de PIB se lograría al quedar el crecimiento nominal del gasto sensiblemente por debajo del crecimiento de PIB. Según el CES, dicho ajuste afectará a todas las políticas públicas, pero de manera especial “a protección social y sanidad”, lo que alejará a España “aún más” de los estándares de gasto social de sus principales socios europeos.
2014, “un año difícil”
La opción, para el CES, no puede ser más clara, y va en sentido diametralmente opuesto a lo que receta el FMI: evaluar los efectos de la reforma sanitaria en lugar de profundizar en ella a través de copagos. Según el informe, 2014 fue todavía un año “difícil, en el que ha seguido siendo palpable el descenso del presupuesto destinado a atender a cada paciente del SNS”.
El documento no obvia que la restricción de recursos como respuesta preferente de las administraciones a la crisis puede ocasionar efectos no deseados, como la sobreutilización de algunos servicios en sustitución de los restringidos, el incremento del uso de la atención de urgencias y de los ingresos hospitalarios evitables y el traslado a futuro de “considerables gastos en atención a la salud”. Por todo ello, el CES insiste en que afrontar las consecuencias de la crisis “requiere de un notable esfuerzo para hallar el equilibrio en unos sistemas que en muchos casos, como el español, llevaban ya tiempo siendo objetivo de reflexión sobre su propia sostenibilidad, buscando fórmulas para la racionalización del gasto”.
En este sentido, el órgano concluye que es necesario evaluar los efectos de las medidas adoptadas durante los años de crisis, en el caso de España desde la reforma de 2012, tanto en términos económicos como sobre el estado de salud de la población. A su juicio, aunque la tarea no resultará sencilla dado que los indicadores de salud se elaboran “con un notable retraso”, existen indicios de impacto tanto en las listas de espera como en la valoración de los usuarios.
