En la memoria colectiva perdura el recuerdo de cómo acabaron hace años los acuerdos entre el Gobierno y la industria farmacéutica para vincular el gasto farmacéutico a la evolución del PIB. Ante la adopción de continuas medidas adicionales para reducir los precios, algunas empresas se sintieron desprotegidas y denunciaron los acuerdos; hubo quien se negó a pagar; hubo requerimientos de pago… Ahora, a falta de conocer la letra pequeña de las negociaciones abiertas entre la industria, Sanidad y Hacienda, el mecanismo para hacer efectivo este nuevo acuerdo plantea algunas dudas desde el punto de vista jurídico. Tanto es así que, según ha podido saber EG, la Abogacía del Estado podría haber rechazado ya una primera propuesta.
En opinión de varios expertos juristas consultados, que admiten que necesitarían más datos del proceso para poder ser más certeros en su análisis, la complejidad para articular los mecanismos de compensación podría ser una de las claves para su mal encaje legal. Los problemas se darían, como ya ocurría en los años 90, a la hora de “vincular y obligar a los laboratorios, si estos están afiliados a la patronal o no…”, dice Juan Gillard, de Sánchez de León Abogados.
Este opina, además, que sería injusto “considerar a las compañías como responsables del decrecimiento del PIB, o del aumento del gasto, que en todo caso será ineluctable en un escenario de población envejecida y medicamento cada vez más modernos y caros”.
Por la otra parte, la articulación de mecanismos de devolución tampoco se presenta como una labor simple. La determinación de las penalizaciones en caso de que estas perjudiquen a la administración también presenta sus dificultades. Por este motivo, lo que cree Raquel Ballesteros, abogada de Bird & Bird, es que todas estas complejidades jurídicas conducen, en caso de que se confirme la voluntad de las partes, a la adopción de un ‘pacto de caballeros’, sin carácter vinculante.
“Una cosa es un acuerdo de colaboración, programático, lo que todos conocemos como un ‘un pacto de caballeros’… Y otra muy distinta un acuerdo jurídico vinculante del que se deriven derechos y obligaciones para los dos partes. Es decir, que Farmaindustria pueda reclamar la devolución si se sobrepasa el suelo, o la administración si se supera el techo. Si se trata de lo primero, de un acuerdo de buenas intenciones, yo creo que sí se puede hacer”, afirma.
Según esta experta, se trataría de emprender una iniciativa similar a la de los planes sectoriales, los cuales, aunque no tienen valor normativo, “sirven para crear un clima de confianza, que es importante para no cortar el flujo de inversiones”.
Otro jurista que ha mostrado su escepticismo con respecto a la vehiculización jurídica del acuerdo es Jorge Robles, de Cuatrecasas, que considera que para ello debería haber provisiones al respecto en la Ley de Garantías u otra norma con rango de ley, lo cual, a día de hoy no existe. En su opinión, la adopción de un modelo de este tipo, además de “ser complicada jurídicamente”, tendría difícil encaje “con la idea de la financiación selectiva y del pago en función del valor, así como con la propia directiva comunitaria sobre las medidas de contención de gasto”.
Aliviar la presión sobre el gasto
Dicho esto, algunos de estos juristas coinciden con la máxima de que, de una forma o de otra, habría que aliviar la presión sobre el gasto farmacéutico. Por su parte, Robles tiene claro que el sector “ya no soporta más recortes”. Gillard va más allá al considerar que “la equiparación del gasto farmacéutico con el crecimiento del PIB, dado el punto de partida en el que nos encontramos, es un mínimo a alcanzar para homologarnos a las naciones de nuestro entorno”.
En cambio, economistas como Joan Rovira no están de acuerdo con este planteamiento. En su opinión, “no existe ninguna razón para que el gobierno haga una acuerdo con la industria farmacéutica que garantice a esta última un crecimiento estable de los ingresos”. Más que nada, dice, porque se podría interpretar como un agravio para otros sectores. Más allá de esto, considera que “si el gasto debe crecer para atender, por ejemplo, al crecimiento demográfico y al cambio de la estructura de edad y del perfil epidemiológico, no es razonable que dicho crecimiento del gasto deba limitarse al del PIB”.
Raquel Ballesteros
Bird & Bird
Como acuerdo de buenas intenciones se puede hacer y serviría para ofrecer certidumbre. Pese a que este no tendría valor normativo, serviría para crear un clima de confianza”
Jorge Robles
Cuatrecasas Gonçalves Pereira
El sector no soporta más recortes. Pero lo veo complicado jurídicamente. Además,¿hasta qué punto es compatible con la financiación selectiva y la valoración individual de cada fármaco?”
Juan Gillard
Sánchez de León Abogados
La equiparación del gasto con el crecimiento del PIB, en el punto en el que estamos, es un mínimo a alcanzar para homologarnos a las naciones de nuestro entorno”
Joan Rovira
Economista y miembro del GTSMI
No veo razonable garantizar a la industria farmacéutica un crecimiento estable de los ingresos, ni que se limite el crecimiento del gasto para atender las necesidades de la población”
