Tanto ciudadanos como organismos en defensa de la salud pública y estados de la Unión Europea han manifestado su preocupación en torno al posible impacto del Tratado de Comercio entre los Estados Unidos y la Unión Europea (TTIP, por sus siglas en inglés) en cuestiones relativas a la gestión sanitaria o la salud pública. Hasta ahora, la Comisión Europea ha respondido que las normas actuales no se verán revisadas a la baja, pero ni tan siquiera los diputados de la Comisión de Salud Pública (ENVI) del Parlamento Europeo creen que existan garantías suficientes. Así consta en el proyecto de opinión que fue en la Comisión Europea (59 votos a favor, ocho en contra y dos abstenciones) y que solicita que los sistemas sanitarios públicos sean excluidos de las negociaciones, junto con otras cuatro áreas (organismos genéticamente modificados, uso de hormonas en el sector bovino, legislación química y clonación).
“La Comisión, en su intento por mitigar las preocupaciones de los ciudadanos respecto del TTIP, está induciendo a error al afirmar que las normas actuales no se verán revisadas a la baja, ya que muchas de esas normas están todavía por determinar en el marco de la aplicación de la legislación vigente o de la adopción de nuevas leyes”, dice ENVI, cuyas sugerencias tienen un peso especial entre las manifestadas por las otras 13 comisiones de la Eurocámara que la semana pasada se pronunciaron sobre el TTIP. No obstante, falta aún por ver cuáles serán tomadas en consideración por la Comisión de Comercio, encargada de redactar el documento que recogerá la posición global del Parlamento y se debatirá y votará en Pleno antes del verano.
El documento aprobado por la Comisión de Salud Pública delimita unas fronteras que hasta ahora solo habían sido insinuadas por la comisaria de Comercio. Tras acceder a su cargo en el equipo de Jean-Claude Juncker, Cecilia Malmström se mostró partidaria de excluir de las negociaciones todos los ámbitos en los que la normativa o los enfoques de la UE y de Estados Unidos fueran muy diferentes… Una opinión que los eurodiputados de Salud Pública comparten, pero a la que ponen nombres y apellidos con la enumeración de las cinco áreas prioritarias de exclusión.
Igual de tajante es la opinión de ENVI en relación a la transparencia de las negociaciones o sobre la cláusula de protección de inversores. Sobre el primer punto, los eurodiputados de Salud Pública instan a que se habilite el acceso a la Eurocámara de todos los documentos de negociación, en particular a los textos consolidados. En cuanto a la cláusula ISDS, diseñada para dirimir litigios entre inversores y estados, ENVI se opone a incluirla en el Tratado de Comercio, “ya que se corre el riesgo de socavar sustancialmente los derechos soberanos de la UE, de sus estados miembro y de las autoridades locales y regionales para legislar en materia de salud pública, seguridad alimentaria y medio ambiente”.
Enmiendas excluidas
Esta redacción no incluye expresamente una de las preocupaciones más señaladas por diversos estados miembro, relativas a las competencias en política farmacéutica, aunque así lo habían solicitado en sus enmiendas varios miembros de ENVI. En este sentido, Teresa Rodríguez-Rubio, eurodiputada por Podemos, mostró su temor a que las negociaciones del TTIP “limiten, de forma directa o indirecta, la competencia nacional de los Estados miembro para establecer sus políticas de precios y reembolsos con miras a garantizar un acceso sostenible a medicamentos asequibles”.
