El borrador de anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales dado a conocer por el Ministerio de Economía hace escasamente un mes, en el que se recoge la ruptura del binomio propiedad-titularidad en las oficinas de farmacia, ha provocado que las empresariales del sector se hayan unido para elaborar un manifiesto en el que exponen las “consecuencias negativas” que tendría la liberalización de las oficinas de farmacia. En este sentido, las federaciones empresariales nacionales de farmacia, FEFE y Fenofar, precisan en este manifiesto que la desregulación del sector “dejaría en manos de grandes capitales un servicio esencial y de interés público como el farmacéutico, donde la Administración poco o nada podría intervenir en ese libre mercado, y pondría en riesgo el acceso de los pacientes a su medicación, puesto que, debido a intereses comerciales, dejaría de estar garantizada la proximidad y capilaridad de las farmacias”.
El manifiesto, al que se han sumado Cepyme, Aeseg, el Club de Opinión Farmacéutico Malagueño, la Confederación Empresarial Sevillana y la Cámara de Comercio de Santiago de Compostela, subraya los perjuicios para pacientes, comunidades autónomas, empleo y competitividad, la libre competencia, así como al ejercicio profesional y la deontología profesional. “Rechazamos este nuevo intento de entregar un excelente servicio sanitario a empresas que acabarán haciendo desaparecer numerosos farmacias de proximidad, con el consiguiente perjuicio para los pacientes”, precisan.
Sobre este particular, tanto FEFE como Fenofar recuerdan que el binomio propiedad-titularidad vigente en 13 países de la Unión Europea, entre ellos Alemania, Francia e Italia. Asimismo, ambas empresariales ponen de manifiesto que “han sido numerosas las voces que se han sumado a la defensa del actual modelo farmacéutico”, entre ellas comunidades autónomas como Andalucía, Extremadura, Galicia, Navarra y Murcia, los principales partidos políticos del arco parlamentario (PP, PSOE, IU, CIU y PNV), el Ministerio de Sanidad y parte del Gobierno, la Asamblea General de Pacientes (AGP), la patronal de la distribución (Fedifar), el Consejo General de Enfermería, Semfyc y otras instituciones.
