La hoja de ruta del gobierno valenciano, el denominado Pacto del Botánico, mostró el compromiso sanitario de sus firmantes —PSOE, Compromis y Podemos— con una triple apuesta: recuperar para el sistema su carácter público, universal y gratuito. Estos ejes programáticos podrían traducirse en cambios importantes de cara a las políticas que durante los últimos cuatro años ha llevado a cabo la Consejería de Sanidad Valenciana, según han confirmado los dos socios de Gobierno (no será un tripartito ya que Podemos, aunque impulsó y suscribió el Pacto del Botánico, no formará parte del gobierno de la Generalitat). Su emblema de los últimos años, los algoritmos valencianos, son el ejemplo más claro.
“Los vamos a modificar o eliminar tal y como están contemplados en la actualidad”, señaló a EG el secretario de Sanidad del PSPV-PSOE, Ignacio Subías. Él fue portavoz de Sanidad del grupo socialista en las Cortes Valencianas durante la pasada legislatura, y mantuvo una dura oposición al decreto-ley de Llombart, considerando los algoritmos “un ejemplo de falta de diálogo” y una muestra del carácter economicista que a su juicio tenía todo el decreto.
En la actual situación de pactos la opinión de un partido sobre el futuro de una iniciativa concreta podría no ser determinante. Pero que los algoritmos, tal y como están concebidos hoy en la Comunidad Valenciana, pueden tener los días contados se da por hecho si se tiene en cuenta que la postura de Compromis es la misma. Isaura Navarro es la nueva portavoz de Sanidad de esta formación en las Cortes Valencianas, y aunque se muestra cauta a la hora de valorar desde el legislativo cuestiones que corresponden al ejecutivo, afirma que “el sistema de algoritmos habrá que modificarlo”.
No sería, probablemente, lo único del decreto que se tocaría. El PSOE ha defendido en reiteradas ocasiones la modificación, o incluso derogación, de diversas medidas incluidas en él. Compromis va mucho más allá. Los cambios que defiende no solo tocan el decreto-ley de Llombart, sino todo el modelo sanitario”, en referencia a algunas de las líneas incluidas en el Pacto del Botánico.
Fuera del decreto, la política farmacéutica de ambas formaciones tiene una coincidencia clave: la oficina de farmacia. El PSOE tiene pensado dar prioridad al pago a las farmacias, solucionar los retrasos en los pagos de facturas y abrir las negociaciones del nuevo concierto económico, pendiente de acordarse y firmarse desde hace casi un año. Además, Subías destaca “la potenciación de los protocolos y los nuevos convenios con las farmacias para que sean utilizadas como puntos sanitarios, de control, consulta o educación, siempre respetando las condiciones de los convenios”… Algo similar al “cambio de papel” que defiende Compromis y que quiere alejar a la farmacia del mero “despacho de recetas”, pero garantizando su supervivencia económica. “Hay que cambiar el modelo”, según Navarro, lo que puede tocar temas de retribución. “Si los otros servicios que prestan son necesarios tendrán que ser gratuitos”, continúa.
Subastas con consenso
¿Habrá subastas en Valencia? La propuesta no esté entre las prioridades del PSOE, aunque Subías confirma que “está en estudio” y que a la hora de tomar una decisión se tendrán en cuenta sus “inconvenientes, efectos y beneficios”. Y no solo tendría que convencer al sector y a los usuarios, también a su socio de gobierno, que se muestra reacio. “No nos gusta. No es nuestro modelo”, señaló Navarro, aunque abre la puerta a “estudiarlo con detenimiento”.
El hecho de que la secretaria de Sanidad del PSOE, María José Sánchez, haya anunciado la exportación de la ley andaluza, que incluye tanto las subastas como las ATEs, no ha variado la postura del PSOE, que insiste en aplicarla “si es con consenso y si se considera que es lo mejor”. Lo mismo se aplicaría a las ATEs, que Subías califica de “razonables”.
Cuando ni siquiera ha tomado posesión, el gobierno que presidirá el socialista Ximo Puig tiene ya sobre la mesa su primera prueba de fuego: la amenaza del Ministerio de Hacienda de ajustarle el grifo de la financiación por el incumplimiento reiterado de la Ley de Morosidad, que obliga a pagar a los proveedores en 30 días. Según EL PAÍS, Hacienda habría enviado ya dos notificaciones a la región, aunque serán sus nuevos ocupantes los que deberán responder si el plazo de pago no se ajusta a la normativa. En virtud de la ley, a Valencia se le retendría la cantidad que adeuda.
La Comunidad Valenciana no ha sido la única en recibir la amenaza. Las regiones de Aragón y Extremadura, también inmersas en cambios similares en el rumbo de sus gobiernos regionales, se encuentran en la misma situación.
