Ni formaciones políticas, ni profesionales farmacéuticos ni mayoristas. El gobierno de la Junta de Andalucía, como bien dijo su consejero de Salud, Aquilino Alonso, solo tiene a favor la opinión de la cúpula de la Organización Médico Colegial para defender las subastas de medicamentos de cara a la tramitación de la Ley de Sanidad andaluza. Ciudadanos, tal y como adelantó EG, ya trabaja en una enmienda que elabore un sistema de ahorro que “no beneficie a unos para perjudicar a otros ni olvide que se está hablando de pacientes”, según su portavoz, Isabel Albás. Junto a la formación naranja trabajará el PP, que tras ver cómo su iniciativa parlamentaria fracasó hace dos semanas, unirá sus esfuerzos a la formación naranja para tumbar las subastas durante la tramitación de la Ley de Sanidad. “Sanitariamente no aporta nada, rompe la equidad, limita la prescripción y se producen desabastecimientos”, aseguró el senador popular, Jesús Aguirre.
Junto a este frente común se sitúa Podemos. La formación morada es todo una incógnita. Hace diez días se posicionó a favor de las subastas, a pesar de reconocer sus deficiencias. El pasado lunes en Málaga, sin embargo, su posición fue más crítica. “Solo compartimos el objetivo del ahorro en la factura farmacéutica pero ante todo no entendemos por qué la Junta no nos dice a dónde están yendo dichos ahorros”, resaltó Juan Antonio Gil, portavoz de Podemos.
Más allá de la posición de los grupos políticos, juristas, representantes del sector farmacéutico y de la distribución han abordado una de las principales consecuencias del sistema: los desabastecimientos en las farmacias andaluzas, frecuentes desde la primera convocatoria de 2012. De acuerdo con los datos de la Confederación Empresarial de Oficinas de Farmacias de Andalucía (Ceofa), en enero de 2015 las compañías adjudicatarias de las subastas abastecían menos de la mitad y para 95 medicamentos, ni el 30 por ciento de lo requerido. Junto a los desabastecimientos, el otro talón de Aquiles que se les achaca a las subastas es el escaso ahorro obtenido para ser una medida puramente economicista. “Los ahorros no son tales y la mayoría se producen porque el SAS no paga a las farmacias las sustituciones que tienen que hacer a causa de los desabastecimientos”, señaló el jurista de Ceofa, Manuel Ayudarte.
Por último, los representantes de las compañías farmacéuticas instaron al SAS no invadir competencias reservadas al ministerio de Sanidad. “El actual sistema de Precios de Referencia ya acarrea ahorros”, argumentaron.
