Pocas medidas legislativas han levantado tanta polvareda como las subastas de medicamentos. La consejería de Salud de Andalucía inició su maratón tras escuchar el pistoletazo de salida de la crisis en busca de unos ahorros que salvaguardaran su sistema sanitario. Junto a ella corrían diversos contrincantes que observaban que las ‘bebidas isotónicas’ que consumía la consejería para aguantar el vendaval financiero no se ajustaban a la legalidad vigente. Han transcurrido desde la promulgación del Decreto-ley de Medidas Urgentes en Farmacia (11 de diciembre de 2011) 36 meses tan largos como kilómetros y, hasta el momento, ninguna apelación a los árbitros de la carrera ha surtido el efecto deseado por sus promulgadores (industria, distribución, farmacia y Administración).
Muchas han sido las acusaciones vertidas sobre las subastas andaluzas ante diversos organismos judiciales. Violación de la equidad del Sistema Nacional de Salud, prácticas monopólicas que atentan contra la unidad de mercado, limitación de las opciones farmacológicas… Todas ellas han sido sorteadas por Andalucía. Sin embargo, aún queda por resolver un escollo que bien podría convertirse en la barrera psicológica de toda carrera de gran envergadura: la invasión de competencia sobre la cual el principal árbitro de la maratón, el Tribunal Constitucional, aún no se ha pronunciado. Esta causa, que fue admitida a trámite por el organismo judicial el 30 de marzo de 2012 (dos meses después de la adjudicación de las primeras subastas), estuvo acompañada de una suspensión cautelar que duró cinco meses, única derrota parcial que ha cosechado la consejería de Salud andaluza en el terreno jurisdiccional.
Tras aquel recurso, el Estado ha recurrido en dos ocasiones más al Constitucional, así como la abogacía del Estado ha hecho lo propio mediante el procedimiento contencioso-administrativo. Pero no es la única maniobra que ha brotado desde el Gobierno central para tratar de parar las subastas y asegurar así que todos los ciudadanos españoles tienen el acceso a toda la prestación farmacéutica. En julio de 2013, aprovechando una transposición europea sobre farmacovigilancia, el Gobierno introdujo una modificación del artículo 88 de la Ley de Garantías mediante la cual prohibía de facto nuevos concursos de subastas de medicamentos. Sin embargo, a tenor de los hechos, esta modificación poco ha influido en el gobierno regional, que desde entonces ha convocado dos nuevas licitaciones.
También han existido peticiones a nivel particular a organismos de competencia estatales. La secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado, organismo dependiente del Ministerio de Economía, respondió negativamente a un requerimiento que ponía en tela de juicio la equidad en el mercado nacional. “El uso de un sistema de subastas como mecanismo de asignación o provisión no puede considerarse en sí mismo una restricción de acceso a un mercado”, respondió el organismo estatal ante el requerimiento.
Más allá del terreno judicial y legislativo, la consejería de Salud andaluza se ha metido en algunos charcos que han puesto de manifiesto las lagunas prácticas de las subastas. Los desabastecimientos de fármacos adjudicados han sido la punta del iceberg de un sistema que ha hecho aguas en diversas ocasiones. Las compañías que han rechazado de plano las subastas desde su concepción han evitado la fatiga de las subastas por un único motivo: responsabilidad social con los pacientes andaluces. Pero este parche no ha evitado que la percepción del sistema de subastas, si no es con el consenso de los proveedores principales del territorio nacional, no puede funcionar con la eficiencia que se le exige a cualquier procedimiento que implica la sanidad. Eso dicen, al menos, los datos de las distribuidoras principales de Andalucía, que en más de una ocasión han señalado que las adjudicatarias no cubrían ni el 50 por ciento de la oferta que habían recibido.
Pero lo más llamativo es el objetivo por el cual Andalucía comenzó esta maratón: los ahorros al sistema. Tras cuatro concursos y a las puertas de adjudicar el quinto, la realidad está lejos de las expectativas. De hecho, durante 2013, Andalucía estimó ahorrar 96 millones de euros pero el resultado al cierre de ejercicio solo liberó 52,3, un 54,48 por ciento de sus pretensiones.
El Gobierno central no es el único que ha recurrido a los tribunales para tratar de frenar a las subastas. Tanto la patronal de genéricos (Aeseg) como la de medicamentos innovadores (Farmaindustria) han manifestado ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo su rechazo a la medida. Sin embargo, sus resultados no han distado de los de la administración central y no han conseguido suspender ninguno de los cuatro concursos. La razón principal en la que se escuda el tribunal es que la decisión debe tomarse en el Constitucional, donde todo el sector alberga sus esperanzas.
La Confederación Empresarial de Oficinas de farmacia de Andalucía también se ha erigido como un adversario ante la consejería de Salud. Recientemente se presentó una demanda en la que se solicitó la anulación de la prórroga de la primera subasta así como la nulidad de las modificaciones introducidas en las condiciones económicas de los convenios sin que el resultado se conozca aún.
