Querer es poder. Este es el resumen que realizan diferentes bufetes de abogados cuando se les pregunta por las posibilidades de ver la luz que tiene el Real Decreto de Precios y Financiación. Con el horizonte del 20 de diciembre como fecha electoral (adelantada como más que probable por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy), las cuentas sí le salen a los juristas, aunque advierten de que no hay tiempo que perder: el último Consejo de Ministros sería el viernes 18 de diciembre. “Es una cuestión de intención política pero podría llegar justo. No será fácil y ya ha habido mucha problemática para alcanzar consensos”, asegura Gemma Colomer, abogada de Jausas.
Las comunidades autónomas ya han hecho llegar sus alegaciones al ministerio de Sanidad y el director general de Farmacia, Agustín Rivero, esperaba poder abrir el plazo de alegaciones para el sector farmacéutico a partir de este lunes. Desde entonces, la industria tendrá 15 días para hacer llegar sus aportaciones al Paseo del Prado 18. A partir de este punto pasaría a Presidencia, de ahí, los miércoles, a la Comisión de Subsecretarios y el viernes al Consejo de Ministros para su aprobación y posterior publicación en el BOE. “La tramitación dentro del ministerio no tiene unos plazos marcados y depende del impulso interno que le den. Si hubiese voluntad y no se complica con las opiniones de las comunidades autónomas, legalmente sí que da tiempo a publicarlo”, asegura Nuria García, directora del Centro de Estudio para el Fomento de la Investigación. La situación del Real Decreto de Precios y Financiación es similar a la de la Orden de Precios de Referencia desde el punto de vista normativo. “Ambas normas son aprobadas por el Gobierno y, por tanto, no tienen un trámite parlamentario tasado”, explica Jorge Monclús, asociado de Propiedad Intelectual del bufete Cuatrecasas Gonçalves Pereira.
En el ministerio de Sanidad las cuentas difieren de las realizadas por los juristas. El pasado miércoles el ministro Alonso reconoció a EG que el Real Decreto tenía muy complicado ver la luz en esta legislatura y emplazaba al texto a la siguiente. “Empezaremos ahora la fase de alegaciones, después se pone en marcha su tramitación y aún tiene que pasar por el Consejo de Estado para recibir el dictamen favorable. Con el tiempo que queda de legislatura es muy difícil pero la vida sigue y vendrá otro parlamento”, explicó a este semanal.
En busca de la ley perdida
A pesar de no llevar ni sombrero ni látigo, el ministro está enfrascado en una difícil búsqueda como Indiana Jones. Las enmiendas consensuadas con las patronales farmacéuticas para certificar los pactos de sostenibilidad (liberalizar los descuentos en las farmacias, eliminar la prelación del genérico frente a la marca y establecer como privativas las siglas EFG para los medicamentos genéricos) están a expensas de ser encajadas en una ley que se le resiste al ministerio. Alonso reconoce que es “un compromiso y vamos a intentarlo” pero que tienen que encontrar “una percha que permita su inclusión y no es fácil”. De hecho, el ministro reconoció a EG que la liberalización de los descuentos es prioritaria. “En esa enmienda tengo especial interés”, subrayó.
Las palabras del ministro son, en general, respaldadas por los juristas, pero estos advierten de que peores cosas se han visto. “Deberían ser introducidas en algún proyecto normativo que guarde relación con la materia en cuestión pero lo cierto es que es bastante habitual que se incluyan en todo tipo de leyes (a través de disposiciones adicionales) modificaciones de otras normas que nada tienen que ver con las normas aprobadas por las cortes”, asegura, Monclús.
En la actualidad hay un total de 31 proyectos normativos en trámite y es cierto que ninguna está relacionada con Sanidad más allá de los Presupuestos Generales del Estado, donde ya se ha dejado pasar la oportunidad de incluir las enmiendas en el Congreso (queda por ver qué pasara en el Senado). La voluntad política vuelve a ser recordada en los argumentos que sostienen los juristas. “Podría ir en cualquier ley; es posible por técnica jurídica si se quiere dejar hecho antes de terminar la legislatura”, asegura Colomer. Una opinión similar es la ofrecida por García. “Usar una ley para cambiar otras, mediante disposiciones adicionales, es bastante frecuente. Evidentemente hay proyectos de ley más propicios que otros por guardar más relación con la materia, pero no es imprescindible que esté muy relacionada”, explica la jurista.
Los biológicos tendrán que esperar
Otra de las peticiones del sector durante la presente legislatura ha sido redactar una legislación más clara para los productos biológicos, sobre todo desde que los anticuerpos monoclonales biosimilares asomaron en el horizonte de la comercialización. La insistencia pareció que había dado sus frutos cuando la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados aprobó una enmienda transaccional (con el apoyo de todos los grupos parlamentarios) el pasado 25 de junio de 2014. Sin embargo, aquella iniciativa perdió su gran oportunidad el día que se conoció, precisamente, el borrador de Real Decreto de Precios y Financiación. Ni una sola línea ha utilizado el ministerio para hacerse eco de aquella Proposición no de Ley (PNL) que ahora los juristas creen que se ha perdido en el olvido. “La oportunidad para los biosimilares estaba en el Real Decreto y ya no hay margen para legislar algo tan complejo como son estos medicamentos”, explica Colomer. De hecho, una PNL es una iniciativa de orientación política “que no tiene ni que ser contestada formalmente ni hay un trámite específico”, aclara García.
Además de estas promesas ministeriales, hay otros reales decretos que, según el ministro, sí que alcanzarán la meta del BOE antes de las elecciones. “El texto de indicación enfermera ha vuelto ya del Consejo de Estado con un dictamen favorable y el de gestión clínica está ahora en el órgano consultivo. Esperamos que ambas normas se aprueben en breve”, aseguró a EG. Junto a estas dos normas, la ex ministra Ana Mato también dejó en el tintero una Orden para regular los productos homeopáticos.
