La posibilidad de que el Gobierno central vuelva a recurrir frena la posibilidad de que las compañías concursen
En las anteriores subastas, algunas moléculas alcanzaron un descuento del 78 por ciento de mejora
En ocasiones, ser el primero en lanzar la piedra ante el riesgo de la reprobación grupal y la incertidumbre de acertar en el blanco convierte la acción en ademán. Esta situación se agrava, además, si existen dudas sobre si la acción conlleva un beneficio real o si, por el contrario, puede crear futuribles quebraderos de cabeza. En esta tesitura se encuentran estos días las compañías farmacéuticas de genéricos más importantes que operan en España así como muchas innovadoras, a la hora de valorar su participación en las nuevas subastas andaluzas.
Pormenorizando los diferentes avatares que sopesa el sector, en un primer lugar está el aspecto legal de la medida impulsada por María Jesús Montero, consejera de Salud de Andalucía. A pesar de que el Tribunal Constitucional ha levantado la suspensión cautelar, existe el temor a que, posteriormente, decida declarar la norma inconstitucional por invasión de competencias. “Es cierto que el Constitucional ha levantado las medidas cautelares, pero no ha decidido sobre el fondo de la cuestión, por lo que entendemos que el Gobierno Central puede volver a impugnar”, aseguró Ángel Luis Rodríguez de la Cuerda, director general de Aeseg.
En la raíz de las declaraciones de Rodríguez de la Cuerda se desprende el temor que pueden tener las compañías de presentarse, y quedar señaladas, a un proceso que podría volver a tener los días contados durante otros seis meses. Además, algunas fuentes del sector han expresado cierto temor a una posible represalia del Ministerio de Sanidad, que podría bajar los precios de los fármacos a los que hagan oferta y extenderse esa pérdida a todo el territorio nacional. Si a esta posible bajada se le suma la aportación por la mejora de las subastas, desaparecería cualquier margen de beneficio.
El análisis que están llevando a cabo las compañías, además, dibuja posibles escenarios en caso de que las subastas andaluzas lleguen a buen puerto y su ejemplo sea tomado por otras regiones españolas. Ante el miedo a la pérdida de beneficios que podría conllevar alguna molécula, se teme aún más la multiplidad de esta ausencia de margen por contagio. Como dato, estas especulaciones se basan en las anteriores subastas, cuando los descuentos alcanzaron el 78 por ciento de mejora en alguna molécula y mantuvieron un promedio próximo al 40 por ciento. Las grandes compañías tienen difícil alcanzar esas cifras en todo su vademécum, y más aún a multiplicarlo en diversas comunidades. Pero es que además existe el miedo a señalarse, a ofertar un precio que no salga vencedor y sus ventas se vean deterioradas por ello.
Asimismo, depreciar las moléculas traería otras consecuencias inmediatas. “Esto afecta en términos industriales. Va a acarrear un descenso de la productividad y desinversión en I+D. En definitiva, va a afectar al PIB del país. Además, las subastas, al dar la exclusiva de una molécula a un laboratorio concreto, van a afectar a los pacientes porque van a tener que cambiar de producto para ciertos tratamiento”, expresó Rodríguez de la Cuerda.
En este sentido, y teniendo en cuenta que la factura farmacéutica que Montero ha convocado en subasta equivale a casi el 10 por ciento del gasto nacional, podría producirse un destrozo al mercado global con una reducción muy importante. Hay que tener en cuenta que si se presentan solo pequeñas compañías se adjudicarán algunos principios activos. Como precedente se puede observar lo ocurrido con el primer concurso convocado a principios de 2012, donde se adjudicó la mitad de lo ofertado. Entonces se trataba de principios activos presentes en muchas compañías, pero ahora se subastan todos los principios activos, de los cuales muchas compañías pequeñas no disponen en su vademécum.
Destrucción de empleo
Un problema añadido a todos los interrogantes que se plantean en la planta noble de las grandes farmacéuticas es el consecuente despido de personal visitador que se produciría en Andalucía. Una vez se celebren las subastas y los principios activos se concedan por ley durante dos años a una compañía en concreto, la labor del visitador de farmacia o médico no tendría valor alguno dentro de las compañías. “Se van a producir despidos en todas las compañías, circunstancia que agrava más el problema en los tiempos que vivimos”, señaló Rodríguez de la Cuerda.
De hecho, el director general de Aeseg aseguró que los cálculos de la asociación para la primera convocatoria de subasta ascendía a 1.500 pérdidas de puestos de trabajo, cantidad que se vería sobrepasada si se tiene en cuenta que en Marzo de 2012 se subastaron 12 moléculas por las 330 de ahora.
