Tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado, el Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros, entrará en vigor, y lo hará incumpliendo el gran principio que pretende asegurar: que todas las administraciones paguen en 30 días. Esto no ocurrirá al menos hasta final de año, tal y como confirmó el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, durante la convalidación del texto. La valoración que hará el Ministerio de Hacienda finalizará el 31 de octubre, lo que supone que las oficinas de farmacias (incluidas dentro de los proveedores de ‘fase 1’, junto con conciertos sanitarios, ayuntamientos y el tercer sector) tendrán que esperar aún tres meses y medio para cobrar las primeras facturas pendientes de pago.
El tercer plan de pago a proveedores llega pasados 16 meses del primero. En su primera y segunda fase, este mecanismo permitió el pago de unos 5,5 millones de facturas por un importe de aproximadamente 28.500 millones de euros. Al mismo tiempo, las dos fases del Fondo de Liquidez Autonómica han conseguido insuflar a las arcas públicas otros 41.000 millones de euros. Todos estos mecanismos de financiación estaban concebidos con un mismo objetivo: poner a cero el contador de la deuda. Dicho objetivo sigue siendo el mismo que inspira ahora la tercera fase del plan de pago a proveedores, lo que a juicio de la oposición en el Congreso de los Diputados constata que el problema no se ha solucionado, y que lo estaba planteado como un mecanismo extraordinario ha terminado por convertido en una herramienta de uso ordinario.
Mecanismo “perverso”
Los más de 7.000 millones de deuda acumulada en el sector sanitario desde enero, cuando se puso a cero el contador, son un ejemplo de los rebrotes a los que menciona la oposición. En total, los impagos a los que debería hacer frente la tercera fase del plan de pago a proveedores (destinado a cumplir obligaciones vencidas anteriores al 31 de mayo de 2013) están cuantificados en más de 19.000 millones de euros.
El portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, señaló que difícilmente se pondrá a cero el contador teniendo en cuenta que la dotación del plan es de 8.200 millones, la mitad. Muchos, por tanto, se van a quedar sin cobrar, máxime teniendo en cuenta que hay más sectores a repartir: ahora, el plan incluye a proveedores de universidades, parques tecnológicos, así como determinadas transferencias a asociaciones e instituciones sin fines de lucro que tengan fines sociales y determinadas sentencias judiciales firmes.
El rebrote de la deuda no es el único síntoma de un mecanismo que los socialistas insisten en calificar de “perverso”. Si bien que, a diferencia de los dos anteriores planes, el tercero no aflorará nuevo déficit, sí que profundiza en el problema de los intereses. En primer lugar, ratificando la renuncia al cobro de intereses de demora para los proveedores que quieran beneficiarse del plan, un asunto que ningún grupo mencionó en el debate de convalidación. En segundo lugar, perpetuando un sistema de endeudamiento cronificado en la Administración Pública. Como señaló el diputado de UPyD Álvaro Anchuelo, “se está tapando el problema de comunidades y ayuntamientos con la deuda del Estado, que no es gratis, que supone pago de intereses y mayores impuestos en el futuro”.
Este asunto está fuertemente vinculado con la crítica al carácter recentralizador que reciben los proyectos del Gobierno. Como en los anteriores, la configuración del plan de pagos otorgar al Ministerio de Hacienda la potestad de controlar e intervenir las entidades con problemas financieros.
