Esta vez sí. Después de que el 29 de septiembre los farmacéuticos catalanes vieron que la factura que les adeudaba la Generalitat del mes de julio (119,7 millones de euros) no era abonada como estaba previsto a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), lo que motivó que los colegios de farmacéuticos y la patronal Fefac tuviesen que gestionar un factoring con CaixaBank para abonar a las boticas la factura, el 30 de octubre sí llegaron a la caja de los colegios esos 119,7 millones de euros. O mejor dicho, llegaron a la caja de CaixaBank, que una vez recibida del FLA la cantidad correspondiente al factoring de la factura de julio canceló este y autorizó uno nuevo de 101,2 millones de euros para pagar la factura del mes de agosto.
Este nuevo pago a través del FLA vuelve a ser un ‘parche’ que deja a los farmacéuticos catalanes con un factoring (101,2 millones de euros del mes de agosto), al que el próximo 5 de noviembre se sumará al retraso crónico en el pago, 25 días, que hace tiempo mantiene la administración catalana con sus farmacias. Y es que, ese día, se debería abonar la factura de septiembre. Cabe destacar que el FLA también llegó a la Comunidad Valenciana, que permitió a la Generalitat hacer frente al pago de la factura del mes de agosto: unos 90 millones de euros (62,5 por ciento con cargo al FLA y el 37,5 de tesorería).
La junta del 4-N
Por otro lado, el COF de Barcelona deberá decidir si acepta (al cierre de esta edición no lo había comunicado), tras la solicitud presentada por la Asociación de Farmacias de Barcelona (AFB), incorporar dos propuestas nuevas en el orden del día de la junta general extraordinaria del 4 de noviembre para debatir las medidas a adoptar ante los impagos de la Generalitat. A este respecto, 250 titulares avalaron la solicitud de la AFB, que quiere que sean solo los titulares-propietarios, y no la junta general extraordinaria, los que decidan las medidas a adoptar, además de exigir que estas cuenten con un informe legal vinculante de la Administración General del Estado.
Las propuestas fueron explicadas por el presidente de la patronal, Antonio Torres, en una reunión celebrada el pasado lunes 27 de octubre en el Auditorio de Pimec de Barcelona, donde se informó que el artículo 5.o. de los estatutos colegiales ampara la convocatoria de reunión de titulares de oficina de farmacia para debatir los puntos admitidos en el orden del día. “Los titulares-propietarios somos quienes ponemos en riesgo nuestro patrimonio y los puestos de trabajo, y quienes soportamos la responsabilidad legal de cualquier acción que se desarrolle en nuestras farmacias, por lo que creemos que somos nosotros quienes debemos tomar las decisiones que nos afectan directamente”, señaló.
De igual modo, la AFB cree que la única vía para garantizar la seguridad jurídica de los titulares propietarios ante las posibles consecuencias de cualquier acción que sea llevada a cabo en sus farmacias es disponer de un informe legal vinculante sobre las consecuencias legales de una eventual desconexión del sistema de receta electrónica o del cobro a los usuarios del cien por cien del precio de los medicamentos y productos sanitarios cubiertos por el SNS.
