El 4 de mayo de 2011 el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja sentenció, en respuesta a un recurso de su colegio farmacéutico, que la consejería de Sanidad regional “no tenía competencias para cambiar las condiciones de dispensación (del canal farmacia al hospitalario) de 21 principios activos, decisión exclusiva del ámbito competencial del Estado”. Casi tres años después, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) utilizaba exactamente la misma argumentación para dar la razón a un recurso de la patronal Ceofa y tumbar así la resolución de 2010 del Sistema Andaluz de Salud (SAS), por la cual tomaba la misma decisión que la Administración riojana con cerca de 276 medicamentos de Diagnóstico Hospitalario (DH) de 70 principios activos.
A pesar de la contundencia de ambas sentencias, por el momento todos esos medicamentos siguen dispensándose, y parece que seguirán al menos a corto plazo, en los servicios de Farmacia de los hospitales riojanos y andaluces y, por tanto, no serán devueltos a las oficinas de farmacia. ¿El motivo? En el caso andaluz, fuentes del SAS han confirmado a EG que recurrirán la sentencia del TSJA ante el Tribunal Supremo, lo que les permitirá mantener la dispensación en hospitales de cientos de medicamentos de DH hasta que no haya pronunciamiento del Alto Tribunal mantener la dispensación en hospitales de cientos de medicamentos de DH.
Para la profesión farmacéutica, la presentación de este recurso de casación al Tribunal Supremo confirma que el SAS quiere apurar “lo máximo posible” el ahorro económico asociado al paso de estos fármacos al canal hospitalario (al ahorrarse los márgenes de la farmacia), y maquillar así sus cifras de gasto farmacéutico, más opacas en este ámbito. Cabe recordar que en 2010, año en el que se materializó su salida del canal farmacia, estos medicamentos suponían 90 millones de euros en la facturación del conjunto de boticas andaluzas.
Más sorprendente es la postura adoptada por la consejería de Sanidad de La Rioja, ya que, casi tres años después, todavía no ha cumplido con la sentencia. Actualmente, los 21 principios activos se siguen dispensando de forma exclusiva en los hospitales regionales, si bien, 17 de ellos ya se haría de forma “legal”, al formar parte del listado de medicamentos de DH que pasarían a dispensación hospitalaria en toda España que publicó el Ministerio de Sanidad en abril de 2012. Sin embargo, en los once meses que transcurrieron desde la sentencia del TSJ de La Rioja, que no fue recurrida, y la resolución de Sanidad, nunca se llegó a devolver momentáneamente esos 17 principios activos a las farmacias.
Más grave es que tampoco lo haya hecho, ni antes ni después de esta resolución estatal, con los cuatro restantes (anagrelida, lanreotido, deferasirox y octreotida), ya que los mismos no forman parte del listado ministerial y, por tanto, su salida de las boticas seguiría siendo ilegal. Según ha sabido EG, alguno de los laboratorios fabricantes de estos medicamentos (eso sí, de escasas prescripciones) se plantea acudir a la vía judicial para denunciar esta situación y exigir el cumplimiento de la sentencia que obliga a su dispensación en oficinas de farmacia.
Parar los pies
En el intento de parar los pies a las administraciones regionales en la proliferación de medidas que ponen en riesgo la equidad del sistema sanitario, da igual quien tome la iniciativa. Por ejemplo, en La Rioja fue tomada por el colegio farmacéutico mientras que en Andalucía fue la patronal regional quien acudió a los tribunales.
Según indica José Javier Vázquez, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de La Rioja, “en aquellos momentos se discutía si la salida de estos medicamentos, de precio alto y dispensados prácticamente sin beneficio para las boticas, era o no positivo para la farmacia comunitaria, pero en el colegio consideramos que la continua sangría de la salida de fármacos a otros canales por motivos económicos era, a medio y largo plazo, un grave perjuicio para la profesión”. En su opinión, “se debe luchar por la vuelta de estos medicamentos a la botica acercándolos así a los pacientes, si hace falta mediante una negociación con la administración planteando diferentes márgenes”.
Aunque tanto las autonomías que han tomado estas decisiones como el propio Ministerio de Sanidad se justifican en el “especial control y supervisión sanitaria” que necesitan este tipo de medicamentos de DH, Vázquez, en consonancia con la unánime opinión del sector, estima que “las administraciones son conscientes que otros canales solo producen un aumento del gasto por la falta de control”.
