Seguiremos la pista…

Primero fue la Junta de Andalucía con su liderazgo en recortar la inversión sanitaria y, por supuesto, la inversión en medicamentos. Entre otras herramientas, descubrió que pueden decidir de una manera administrativa que un medicamento puede ser equivalente a otro, y para ello el criterio clave es el precio. No el valor, ni el resultado ni el beneficio para el paciente. Tan sólo el precio. ¿Alguien duda de que así se puede ahorrar mucho dinero? Lo que demuestra este tipo de medidas es la escasa capacidad gestora de quien debe asegurarse de que los pacientes reciben lo que sus derechos le reconocen.

¿Qué aspectos de las Alternativas Terapéuticas Equivalentes (ATEs) afectan a los derechos del paciente? Dejando de lado la ausencia de competencias, ya que sólo la Agencia Española del Medicamento puede realizar una evaluación que concluya dicha recomendación, las ATEs impiden que el médico prescriba lo que cree que es más adecuado para el paciente. Pero el médico no es infalible, porque es humano. Si se le estimula a no prescribir, vía incentivos o vía punitiva, el médico puede equivocarse y realizar una decisión alterada: pacientes que requieran algunas innovaciones no las recibirán. Y no acceder a las innovaciones puede costarle la vida a más de uno. En anticoagulación, en cáncer o en enfermedades autoinmunes, ya está ocurriendo esto. Que se lo pregunten a la Sociedad Española de Cardiología, a la Sociedad Española de Oncología Médica o a la Sociedad Española de Reumatología, por citar algunos ejemplos. Ahora es el Gobierno de la Generalitat valenciana, la Consellería de Sanitat Universal, que va a analizar de nuevo bajo el nombre de “Acuerdo Marco para la homologación de principios activos”, las ATEs. Eso sí, como saben que dicha medida tiene defectos, han avisado que serán subsanados: por eso las posibles y nuevas ATEs a la valenciana sólo afectarán a medicamentos hospitalarios (casi nada), se realizará con las premisas de las evidencias científicas (eso dicen todos) y el consenso profesional (¿en la c. valenciana?). Precisamente, en la Comunidad Valenciana las sociedades científicas no participaron en los algoritmos porque no se les preguntó sobre los mismos y se quedaron sin desarrollar.

Si la Generalitat de Valencia va adelante con esta medida importada de la Junta de Andalucía, se encontrará con otra denuncia de Farmaindustria ante el Tribunal Constitucional . Pero lo más curioso es que las autoridades sanitarias valencianas tomarán una medida que va en contra de los pacientes y de su derecho a recibir los tratamientos que el médico les prescriba en condiciones de equidad. Y eso lo quiere hacer una recién bautizada consejería de Sanidad Universal, lo que resulta bastante paradójico.

No sé si la encuesta publicada el Viernes pasado por el diario El País, situando a Ciudadanos (C’s) como primera fuerza política en la Comunidad Valenciana, es un signo de “cambio tras el cambio”. C’s no quiere subastas ni alternativas que van contra la equidad. Tampoco las quiere el PP. Quizás sólo hay que esperar a que los pacientes empiecen a sentir los efectos de la inequidad y que lo hagan saber a los que toman las decisiones.

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Publicado un decreto en la Comunidad Valenciana que reactiva las ATEs como potencial herramienta de ahorro.

¿Son posibles las subastas en Andalucía sin perjudicar al paciente? Lo debatirán todos sus protagonistas el 27 y 28 de octubre en Sevilla, una vez iniciado el trámite parlamentario que debatirá la Ley de Garantías andaluza.

Partido Popular y CiU pueden anotarse el éxito de la aprobación de algunas enmiendas vitales para el sector. Lo que es justo es justo.

La vuelta de los medicamentos DH a la Farmacia, en la agenda del CGCOF.