El debate sobre la prestación sanitaria de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) ha llegado al Congreso de los Diputados esta semana pasada. Ante las denuncias que venía realizando el sindicato CSIF sobre los recortes en el servicio, PSOE e Izquierda Plural solicitaron sin éxito en la Comisión Permanente la comparecencia del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro. El Gobierno mantiene que no se han producido recortes; las aseguradoras también.
Sin embargo, las tres grandes compañías que prestan el servicio a los funcionarios —Asisa, SegurCaixa Adeslas y DKV— introducen matices. Las aseguradoras admiten que se han producido ajustes, aunque advierten de que no han “reducido ninguna cobertura o prestación”, según explican fuentes de las aseguradoras.
Los Presupuestos Generales del Estado han previsto para este año un incremento de la prima de Muface del 0,79 por ciento, después de años de varios años congelaciones o subidas mínimas. Se ha desbloqueado en parte además la contratación de nuevos funcionarios. La tasa de reposición se ha situado en el 50 por ciento, frente al 10 por ciento de los últimos años, lo que permitiría a las aseguradoras contar con más beneficiarios. Pero las medidas resultan insuficientes para las compañías que hacen cuentas para compensar la subida del IVA sanitario del 10 al 21 por ciento. “Esta situación nos ha obligado a todas las compañías adheridas al concierto a ajustar nuestros catálogos de servicios para garantizar que el sistema siga siendo viable, manteniendo unos estándares de calidad asistencial por encima de las exigencias de la Administración”, explican fuentes de Asisa. La misma respuesta argumentan desde SegurCaixa Adeslas: “Llegamos a un acuerdo y ofrecemos un servicio por encima de las exigencias estipuladas en el concierto”.
Las aseguradoras han insistido en que los cuadros médicos se someten a variaciones todos los años y consideran que se está “generando una alarma innecesaria”, manifestaron las fuentes de SegurCaixa Adeslas. Las compañías centran su mensaje en garantizar que la cobertura se encuentra asegurada, mientras que el Gobierno sólo admite “problemas puntuales”, como manifestó el portavoz de Administraciones Públicas del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Juan José Matarí.
“No es cierto que hayamos dejado de atender a pacientes oncológicos o de cardiología”, aseguran desde Asisa. Ante esta situación, las aseguradoras tienen claro cuál debería ser la solución al problema: “Estabilidad y viabilidad al modelo elaborando un acuerdo a tres años que establezca con claridad la subida de las primas en cada ejercicio sucesivo”.
De momento, las compañías han dejado de contratar determinados servicios de tres de los grandes grupos hospitalarios del país —Quirón, HM Hospitales y Clínica Rúber— para sustituirlos por hospitales que puedan ofrecer las mismas condiciones pero más económicas. La continuidad asistencial parece asegurada a corto plazo. Según consta en el convenio de Muface, los pacientes podrán tratarse seis meses más después del fin del acuerdo. En el caso de enfermedades graves, el proceso se alargaría hasta un año. Pero en este periodo, deberán buscarse otro hospital para continuar con el tratamiento.
¿Reducción de cuadros médicos?
Ante esta incertidumbre el sindicato CSIF trabaja en un estudio para conocer el verdadero alcance de la reducción de los cuadros médicos. Hasta que se conozcan los datos, la organización sindical ha solicitado al Ministerio de Hacienda y Administraciones que dé una prórroga a los funcionarios que deberán escoger entre la Seguridad Social y la mutualidad antes de que finalice el mes. Su intención es que este periodo se alargue hasta el próximo 20 de febrero.
El departamento que dirige Cristóbal Montoro no ha respondido al cierre de esta edición al requerimiento y el sábado pasado concluyó el plazo. CC.OO. ha ido mas allá en esta pretensión y ha reclamado que exista una verdadera libertad en la que el funcionario pueda cambiar de modelo en el momento en que lo considere oportuno. A partir de ahora, CSIF trabajará para conocer otro dato: estudiar si el número de beneficiarios que escogen la mutualidad se ha reducido como consecuencia de la situación. Hasta ahora la elección ha sido clara. Un 80 por ciento de los cerca de un millón y medio de funcionarios se había decantado por la mutualidad. “Sería lógico pensar que cada vez haya más gente que elige la Seguridad Social”, aseguran desde CSIF.
Los sindicatos denuncian que las distancias entre el presupuesto de la Seguridad Social y de Muface han ido aumentado en los últimos años. Desde 2010, la mutualidad ha perdido un 9,4 por ciento de sus fondos, a pesar del ligero crecimiento de este año. “Lo que el señor Montoro destina a Seguridad Social son 1.041 euros por persona; lo que dedica a Muface es 681 euros por persona”, señaló el presidente de CSIF Enseñanza Madrid, Antonio Martínez.
Las quejas de rescisiones de contratos entre las aseguradoras y médicos por cuenta propia han comenzado a acumularse en los últimos meses en los colegios profesionales. Ya el pasado verano, El Colegio de Médicos de Zaragoza dio la voz de alarma. La Organización Médica Colegial ha solicitado datos a las corporaciones para conocer de la situación, aunque no pueden especificar todavía el alcance de la reducción de los cuadros. “Depende de cada compañía, pero han recortado todas”, señala el vocal de Médicos por cuenta propia de la OMC, Manuel Carmona. El consejo trabaja en la actualidad en la elaboración de un ranking de aseguradoras, que permita al profesional estar al día de las condiciones de cada una de ellas. “Ya existen algunas a nivel regional, pero no nacional”, añade Carmona. El pasado jueves se produjo la primera reunión “para dar forma al proyecto”. Estuvieron presentes en el encuentro los vocales provinciales y la presidenta del Colegio de Zaragoza, Concepción Ferrer.
