Cada vez más, la distancia entre medicamento de prescripción y medicamento financiado se va a ensanchar. Con la última desfinanciación de medicamentos, al igual que en las anteriores ocasiones en las que se ha hecho un medicamentazo, los médicos han dejado de recomendar la utilización de los productos afectado. Como si el hecho de retirar una subvención a su adquisición fuera determinante para la utilidad del producto en el manejo de una determinada patología.
Y esto ha sido así históricamente porque hasta ahora, en muchas ocasiones, la receta médica ha sido vista más como un cheque que como un documento médico. Su emisión, en el caso de los profesionales del Sistema Nacional de Salud, estaba vinculada a que el producto estuviera financiado con fondos públicos. Pero ya es hora de ir desterrando esa realidad que no hace ningún bien a ningún agente sanitario y, en especial a los pacientes. Ahora, con la nueva regulación sobre receta médica, que incluye una receta privada oficial, los médicos del ámbito privado y los pacientes van siendo conscientes de que la prescripción médica es un documento clínico que sirve para permitir o facilitar la dispensación de un medicamento independientemente de quien sea el pagador.
Por ello, y para facilitar aún más la prescripción de medicamentos que no están financiados, el Ministerio de Sanidad ha desarrollado lo que ha venido a denominar nomenclátor maestro, que más allá del nomenclátor de facturación, recoge la información de todos los productos autorizados y no solo los financiados y se ofrece a las comunidades autónomas para que completen la información disponible en los sistemas de prescripción. Una vez que el Ministerio de Sanidad libere dicho nomenclátor, que podría ser en las próximas semanas, dejará en manos de las comunidades autónomas la implantación efectiva del mismo así como los plazos con los que se prevé implantar.
Es cierto que no es fácil incorporar nuevos productos no financiados al sistema de prescripción. Igualmente, no deja de ser complicado, especialmente para las comunidades autónomas que han potenciado la prescripción por principio activo, permitir que los médicos seleccionen estos medicamentos por su nombre comercial. Esta adaptación es imprescindible ya que la calidad de la asistencia que se ofrecería a los pacientes, sin mermar los recursos disponibles, se incrementaría muchos enteros.
Pero no solo eso. Las autonomías deberían ir más allá y concienciar a sus profesionales de que tienen a su alcance todas las herramientas terapéuticas autorizadas en nuestro país, independientemente de que estén o no financiadas. De este modo, la información sobre el uso de cualquier medicamento quedará reflejada en la historia farmacoterapéutica de los pacientes, lo que permitirá adelantarse y detectar de modo prematuro posibles interacciones o incompatibilidades.
La inclusión y utilización de la información ampliada del nomenclátor maestro en los sistemas de prescripción mejoraría, por tanto, y en beneficio del paciente, la asistencia sanitaria. Al tiempo ayudaría a desvincular definitivamente el nexo histórico entre receta y financiación. Algo propio de un pasado que nunca más volverá.
Los desfinanciados se dejan de utilizar, como si la financiación fuera determinante para la utilidad del medicamento
La incorporación de todos los medicamentos al sistema de receta mejora la asistencia, en beneficio del paciente
