El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha mostrado su rechazo a que Madrid instaure la tasa del euro por receta. Cataluña lo tiene puesto en marcha desde hace casi cuatro meses y, a pesar que se ha creado una comisión de análisis, no parecía que fuera a dar lugar a un recurso de inconstitucionalidad tras ese amplio periodo en el que ha estado en vigor. No obstante, el ‘contagio’ del euro catalán a la comunidad que rige Ignacio González ha sido el detonante para que el propio presidente del Gobierno ponga en cuestión la legalidad de la medida.

Más allá del hecho de pagar una tasa por prescripción y dispensación, lo peor del euro por receta es que genera diferencias entre ciudadanos en función del lugar de residencia y que puede crear conflictos en las zonas limítrofes entre autonomías que tienen o no dicha tasa. El caso madrileño del euro por receta se suma al catalán por la misma cuestión y al vasco (y en un futuro próximo al navarro) por la aplicación del nuevo copago. Ante esa situación el Gobierno central no podía quedarse quieto.

Uno de los problemas más graves del Sistema Nacional de Salud es que frecuentemente parece que se trate de 17 sistemas distintos, con diferencias que van más allá de la gestión del servicio que debería ser en realidad. En este sentido, se generan diferencias en la cartera de servicios disponible en la realidad, aunque sobre el papel pueda ser igual, y ahora también supone diferencias en las aportaciones económicas que realizan los pacientes.

Si este hecho sirve para que, de una vez, se ponga orden en las iniciativas autonómicas que generan diferencias en la asistencia sanitaria, bienvenido sea.

@JoseMLAlemany en Twitter