José María López Alemany
La semana pasada el director general de Farmacia, Alfonso Jiménez, volvía a insistir en la necesidad de realizar una financiación selectiva de las nuevas innovaciones que se quieran poner a disposición de los pacientes. Jiménez se quejó de una utilización abusiva de la calificación de innovación y propuso avanzar en la financiación de aquello que aporte ventajas sustanciales con respecto a lo existente, exclusivamente.
La financiación selectiva ya se ha utilizado anteriormente por la Administración, no es nueva. Los ejemplos más conocidos pueden ser los tratamientos para la disfunción eréctil, la obesidad o el tabaquismo. Casos todos ellos que acumulan justificación sanitaria suficiente como para financiarlos, con mayor motivo que otros muchos tratamientos que se prescriben habitualmente.
De lo que está hablando el director general de Farmacia, que ya venía recogido en la Ley de Garantías y en el Plan Estratégico es, simple y llanamente, de aplicar un copago del cien por cien para aquellos medicamentos que el Ministerio de Sanidad decida. Una decisión que, a falta de establecer y dar a conocer criterios objetivos, claros y predecibles puede afectar a la innovación en nuestro país al no reconocer las innovaciones incrementales.
Es llamativo que el ministerio y la mayoría de las autonomías se nieguen a debatir sobre los copagos y, en cambio quieran aplicárselo en su totalidad a los pacientes que hagan uso de un medicamento ‘poco innovador’ según no se sabe qué criterio. ¿No sería más justo establecer un copago que tuviera en cuenta las características del paciente, de sus enfermedades y, por supuesto, también del tratamiento?
