Desde que se conocieron las intenciones del Ministerio de Sanidad de aplicar desde el 1 de octubre copago a un listado de más de 40 medicamentos de dispensación o administración en hospitales, la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) viene mostrando su total disconformidad con la medida. Tanto por razones sanitarias como económicas y administrativas.
Sin embargo, toda vez que la decisión sigue adelante pero finalmente será cada comunidad autónoma quien decida si lo aplica o no en su territorio, los mensajes de esta sociedad caminan ahora en dos direcciones. Por un lado, invitar a las administraciones autonómicas a aprovechar esta ‘manga ancha’ ministerial para descartar su puesta en marcha. Así actuarán diversas regiones, como Cataluña, Andalucía y País Vasco, que ya se habían rebelado contra este copago hospitalario.
Por otro lado, solicitar a aquellas otras que sigan adelante con la medida que, cuanto menos, apliquen “mecanismos homogéneos en su desarrollo”. Así lo solicita José Luis Poveda, presidente de la SEFH, que manifiesta que “sería un error añadido al que ya supone la implantación de la medida que la misma se desarrolle de forma dispar en cada región”.
Unidades de cobro
¿Cuáles serían esos mecanismos comunes que reclama esta sociedad? Por ejemplo, más allá de lo correspondiente al desarrollo normativo que en cada región tenga la resolución ministerial que sustenta el copago hospitalario, desde la SEFH ven necesario unificar criterios “sobre el terreno”. Cómo articular el cobro del nuevo copago sería una de esas actuaciones que requerirían cierto consenso.
La resolución de Sanidad no establece quién es el responsable de cobrar la aportación de los pacientes. En este sentido, desde la SEFH advierten de que los servicios de Farmacia Hospitalaria no están dotados para esta actividad, ya que se exigiría la implantación de estructuras de cobro en un sistema público que no está habilitado para el mismo, lo que obligará a nuevas organizaciones administrativas y de control durante el horario de atención a los pacientes.
Cabe recordar que esta sociedad científica ya advirtió de la escasa justificación de esta medida cuando comunicó en el pasado sus alegaciones al proyecto de reforma de la cartera básica de servicios, a través del cual se modifican las condiciones de financiación de los medicamentos incluidos en la prestación farmacéutica del SNS mediante la aportación del usuario. En resumen, “implantar un sistema de cobro del copago en los servicios de Farmacia Hospitalaria supone una carga administrativa brutal para el beneficio económico que acarrea”, indica Poveda.
Precisamente, en lo que respecta a cuestiones económicas, en la SEFH manejan datos que sepultarían las ilusiones de aquellas administraciones sanitarias autonómicas que quieren implantar este copago ambulatorio con la intención de rebajar su factura farmacéutica hospitalaria. Para ello se alude a un reciente informe realizado por esta sociedad en diversos hospitales nacionales y cuyas conclusiones delatan que “los medicamentos a los que se aplicará este copago solo suponen el 0,1 por ciento de la factura hospitalaria”, indica Poveda.
Reivindicaciones sanitarias
No obstante, por su condición de profesionales sanitarios, las críticas de los farmacéuticos hospitalarios contra la medida tienen un principal carácter sanitario frente a lo económico. En concreto, Poveda alerta de que no pueden “obviar que los tratamientos que aquí dispensamos suelen estar destinados para graves patologías y que cualquier copago, por mínimo que sea, que detraiga a los pacientes de su adquisición puede derivar en un grave problema de salud pública”.
Además, recuerda que Sanidad ha justificado la implantación del copago, tanto en atención primaria como en hospitales, en la lucha contra el acopio innecesario por los pacientes. Un efecto disuasorio que, en su opinión, “no es necesario en el ámbito hospitalario, ya que los fármacos que entregamos son necesarios y el paciente no tiene posibilidad de hacer acopio de ellos a través de estos servicios”, concluye.
