El Congreso ha aprobado definitivamente la reforma de la Ley de Garantías para incorporar al ordenamiento jurídico español las Directivas sobre farmacovigilancia y medicamentos falsificados. La Ley ‘anti-subastas’ finalizó su tramitación parlamentaria con la aprobación de todas las enmiendas incorporadas por el Senado. A la espera de que sea publicada en el BOE para su entrada en vigor, el grupo popular defiende la validez del texto y responde a las críticas que lo tildan de “mera excusa” para atacar la subasta andaluza.
Según la diputada popular María Felicidad Rodríguez Sánchez, la ley es “bastante más ambiciosa que todo ello”. Pone el PP como ejemplo que el texto “clarifica las cuestiones relativas a los biosimilares y a los equivalentes terapéuticos”, así como “las competencias respectivas del Gobierno y de las comunidades autónomas para evitar en parte los conflictos competenciales, pero sobre todo para reforzar la equidad en el acceso al medicamento”.
En una jornada maratoniana, que incluyó la devolución de un proyecto de ley (el de emprendedores) y la conclusión de la tramitación de cuatro leyes, el Pleno de la Cámara Baja aprobó además tres Reales Decretos-ley. Uno de ellos fue el 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros, que niega a las farmacias el derecho de cobrar intereses de demora. Su tramitación como proyecto de ley fue rechazada con 138 votos a favor, y 180 en contra.
Este Real Decreto-Ley establece una tercera y última fase del denominado mecanismo de financiación para el pago a proveedores, que, como medida coyuntural y extraordinaria, ayude a las Administraciones autonómicas y locales a reducir su deuda comercial acumulada y puedan cumplir de forma inmediata con las nuevas reglas a futuro vinculadas al control de la deuda comercial. Se trata de poner el contador de la deuda comercial a cero con carácter previo a la implantación de la factura electrónica, del registro contable, del periodo medio de pagos y, en última instancia, de los controles de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Además, los diputados convalidaron, con 182 votos a favor, 133 en contra y 5 abstenciones, el Real Decreto-Ley de medidas urgentes de naturaleza tributaria, presupuestaria y de fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación, que incluye una aportación extra de 104 millones de euros para la I+D+i, 25 de ellos para el CSIC. Su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia se rechazó con 138 votos a favor y 180 en contra.
