No es normal que en un país como el nuestro, en el que presumimos de tener uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo, en poco más de un año se hayan producido cierres patronales de oficinas de farmacia en tres comunidades autónomas distintas. Primero fueron las boticas de Castilla-La Mancha las que echaron el cierre a sus establecimientos en agosto de 2011 debido a los impagos que arrastraban. A las farmacias manchegas les siguieron sus vecinas valencianas, que hicieron lo propio el pasado mes de junio y que, mes tras mes, repiten sus amenazas porque los pagos no llegan. Ahora, o al menos así está previsto, serán las boticas catalanas las que cierren sus puertas el próximo 25 de octubre, después de haber sido ‘olvidadas’ por la Generalitat dentro del pago de deudas que afrontó con la primera remesa de millones que llegaron a esta comunidad autónoma procedentes del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).
Más allá de que se lleve a cabo el cierre o no en Cataluña, ya que el próximo 23 de octubre la Generalitat apurará y es posible que pague de parte de la deuda (las elecciones del 25 de noviembre están a la vuelta de la esquina y…), es grave que las oficinas de farmacia de nuestro país se encuentren en esta situación. Y es que, tal y como dice el presidente de FEFE, Fernando Redondo, no es concebible que 20.000 farmacéuticos se tengan que hacer cargo de financiar los medicamentos de la población. O como dice la presidenta de los farmacéuticos valencianos, María Teresa Guardiola, que la deuda con ellos representa el 4 por ciento del presupuesto de la Generalitat.
