Las oficinas de farmacia en España han pasado en los últimos tiempos de ser ese pozo sin fondo en el que las administraciones de turno acudían cada vez que necesitaban hacer ajustes presupuestarios (no citaremos aquí por falta de espacio toda la legislación y normativa aprobada durante los últimos doce años) a ser utilizadas como parapetos para llevar a cabo esos ajustes al resto de la población. Incluso, en muchas comunidades autónomas se han convertido en víctimas colaterales en las batallas que libran políticos y gobiernos de uno u otro signo político.
Resulta cada vez más triste comprobar que mucho de lo construido hasta ahora se puede venir abajo de un soplido. Que esa labor sanitaria, social y, por qué no decirlo, económica, que desempeñan las oficinas de farmacia en nuestro país quede reducido a una visión de la misma que la acerca más a verla como un establecimiento recaudador de impuestos. Eso es lo que pasa en Cataluña, por mucho que les duela a algunos (más les duele a unos farmacéuticos que, como siempre, están bajo la amenaza de los caprichos de la administración de turno), y lo que pasa en el resto del país, donde volverán a ser los que tengan que lidiar con los pacientes cuando estos vean que, en la mayor parte de los casos, tienen que pagar más por sus medicamentos. No, no estamos hablando de la conveniencia o no de llevar a cabo este tipo de medidas para reducir el déficit. No se trata de eso en estos momentos. Se trata de la forma de ponerlas en marcha. Eso sí, mientras haya un farmacéutico de por medio… Como se suele decir: “Que se coma el marrón”.
