El uso de las tecnologías más eficientes no solo debería estar garantizado, sino fomentado por parte de las administraciones sanitarias, tal y como ocurre en Inglaterra con los productos recomendados por el National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE). En este país, los centros dependientes del National Health Service (NHS) verán reflejado en un registro público cuándo incorporan y ponen a disposición de los pacientes aquéllos tratamientos que han obtenido el aval del organismo evaluador. En este sentido, el ministro de Salud británico, Paul Burstow, ha asegurado que “los pacientes tienen el derecho a acceder a los fármacos y tratamientos aprobados por el NICE”.
Es lógico. Cuando una evaluación está realizada con rigor y determina que un determinado medicamento es más eficiente que sus alternativas, lo responsable y lo coherente es fomentar su utilización en detrimento de las alternativas existentes.
Lamentablemente, en nuestro país llevamos muchos años de retraso con respecto a otros países en la implantación de sistemas de evaluación económica. Y las pocas veces que se ha hecho, no se ha asegurado la independencia necesaria para garantizar que no hay presiones políticas o económicas que modificaran el resultado de las evaluaciones. Pero el futuro es ese.
La reducción del gasto en farmacia que busca el Gobierno de la Nación y los autonómicos no puede seguir por la senda de los precios ni por la selección exclusiva de medicamentos superados ampliamente por las novedades terapéuticas más recientes. Profundizar en la desfinanciación selectiva de productos y ajuste de la cartera de servicios, eliminar los abusos y derroches, así como potenciar la utilización de las terapias más eficientes debe ser la hoja de ruta en la búsqueda de la eficiencia y el ahorro de costes. Cualquier otra vía es condenar a nuestra sanidad a empeorar en todos sus indicadores.
