“La realización de estudios genéticos para aplicar la medicina personalizada ayuda a identificar a los individuos que van a responder a un tratamiento, por lo que se puede afirmar que invertir e investigar en este campo es eficiente”, sentenció Guillermo Vivanco, jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital de Cruces, en Vizcaya, durante una jornada organizada por el Instituto Roche en Bilbao. Una sentencia compartida por el consejero vasco de Salud, Jon Darpón, quien admitió que con la medicina personalizada “se reducen costes para el sistema sanitario, así como efectos adversos en el paciente”.
Para respaldar este argumento, Vivanco hizo alusión a un ejemplo concreto, el del fármaco erlotinib, un tratamiento oncológico de alto coste con el que se consiguió aumentar la eficiencia cuando se determinó el perfil genético de sus potenciales beneficiarios, aquellos pacientes con una mutación concreta del EFGR. Previamente, el fármaco estaba indicado para mujeres de origen asiático, no fumadoras y con adenocarcinoma, por lo que se pudo afinar un poco más y optimizar su uso.
Pese a esta importante aportación, lo cierto es que las innovaciones que se producen en este campo no están teniendo fácil su incorporación al sistema nacional de salud. En opinión de Vivanco, esto se debe a que los gestores de lo público “no siempre están receptivos a la evidencia”. “Si no se incorpora un fármaco que ha sido aprobado por las agencias competentes, debe ser que los gestores dudan de su eficacia”, ironizó.
A este respecto, los expertos que participaron en la jornada identificaron los principales factores que están provocando esas dificultades de acceso. Y en este sentido, todos coincidieron en que son las restricciones presupuestarias y la descentralización del proceso de decisión los principales responsables.
En cuanto al primer condicionante, Iñaki Gutiérrez, del Servicio de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del Departamento de Salud vasco, admitió que “cada día se hacen más necesarios los análisis de coste-efectividad, aunque también se tiene muy en cuenta el valor añadido que aporta el nuevo producto con respecto a lo que ya está en el mercado”, unos criterios que también defendió Ana Clopés, directora de Farmacia y Política del Medicamento del Instituto Catalá d’Oncologia.
Esto hizo que emergiera una reflexión sobre la necesidad de implantar en España un organismo similar al NICE británico, aunque en este sentido fue Cristina Avendaño, ex directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, quien puso el contrapunto. “En España no necesitamos más agencias, sino que los organismos competentes tomen decisiones con rigor, transparencia y con la participación de clínicos y pacientes. Decisiones que deben ir más allá de los meros criterios económicos”, señaló.
Complejo entramado
Esta recordó también el complejo entramado al que se tienen que enfrentar las innovaciones terapéuticas para ser incorporadas y financiadas por el SNS. De la agencia europea al ministerio, del ministerio a las comunidades, cada una con sus particularidades, y de ahí a los hospitales, encontrando en cada una de estas paradas unos criterios de evaluación diferentes.
Como posible solución a la evaluación múltiple se presentan ahora los informes de posicionamiento terapéutico, que fueron valorados positivamente por los participantes como herramienta de cohesión para el proceso de aprobación. También podrían contribuir a facilitar el acceso los acuerdos de riesgo compartido, y otras fórmulas como el diálogo temprano, con los que se podría incentivar la inversión y facilitar el reembolso de la innovación.
