“La fecha de caducidad de las subastas de medicamentos no se extenderá tanto como la decisión del Tribunal Constitucional sobre las mismas”. El vicepresidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario, Julio Sánchez Fierro, tiene claro que el fin de la iniciativa andaluza llegará en el momento en que se apruebe la nueva Ley de Contratación Pública, que transpondrá tres directivas europeas que “auguran un futuro poco prometedor incluso para los precios seleccionados”. El texto, que actualmente se encuentra en el Consejo de Estado y que no se espera para la presente legislatura, incorpora un articulado que se basa en la defensa por la competencia y en asegurar el fiel cumplimiento de los convenios firmados, dos elementos que han sido violados por las subastas de medicamentos de Andalucía.
Junto a este futuro impedimento jurídico, Sánchez Fierro también destacó la fuerte oposición que se encuentra ahora el ejecutivo andaluz para defender las subastas. “Existen barreras que antes no había y durante la tramitación de la Ley de Sanidad andaluza se podrán ver cambios sobre esta medida”, argumenta.
La otra espada de Damocles que pesa sobre las subastas de medicamentos es la decisión del Tribunal Constitucional, si bien ésta divide a los juristas. El magistrado de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, César Tolosa, intuye que este órgano judicial fallará a favor de las subastas. “En el auto de levantamiento de la suspensión cautelar se decía que la sostenibilidad es un principio clave y que ésta impone adoptar medidas de contención del gasto. Además, añadía que los intereses particulares no pueden prevalecer frente a los intereses del Servicio Andaluz de Salud”, explica. Junto a este auto, Tolosa también recordó que el Catálogo Priorizado de Medicamentos de Galicia (Cataloguiño) recibió el visto bueno del Constitucional, si bien recordó uno de los votos particulares emitidos por uno de los magistrados. “No se ha resuelto si es competencial y debía haber sido la base de nuestra decisión”.
Si bien Tolosa augura a las subastas un final feliz en este tribunal, José Ignacio Vega, ex secretario general técnico del ministerio de Sanidad, cree que la invasión de competencias será la que decida en esta ocasión la cuestión. Además, recordó que, en caso contrario, la batalla no se dará por perdida “porque entonces los juzgados que ahora se inhiben porque la cuestión está en el Constitucional tendrán que posicionarse sobre cada uno de los recursos interpuestos”.
Las ATEs no encuentran respaldo
Las Alternativas Terapéuticas Equivalentes (ATEs) han sido otra de las innovaciones legislativas de Andalucía que se han encontrado con la oposición frontal de todo el sector y pacientes. Desde Farmaindustria, su director general, Humberto Arnés, aseguró que una comunidad autónoma “no tiene competencias para establecer equivalencias, tarea que en España corresponde a la Agencia Española del medicamento”. Por ello, desde la patronal aseguraron que emprenderán acciones legales contra ellas sea cual sea la comunidad que las implante.
Tampoco en la farmacología clínica encuentran respaldo las ATEs. La presidenta de la Sociedad Española de esta disciplina, Cristina Avendaño, aseguró que es un error establecer ciertas equivalencias. “La similitud es válida para que los pagadores busquen bajar costes vía adquisición del medicamento pero no para asumir que son fármacos indistintos en un paciente determinado”, aseguró. De igual modo, el expresidente de la Alianza General de Pacientes (AGP), Alejandro Toledo, explicó que “los pacientes están preocupados por que no sea el médico el que elige el mejor tratamiento para el paciente”.
