La polémica está servida. La aprobación por parte del Gobierno de Andalucía de un decreto para iniciar en enero las subastas de fármacos ha levantado ampollas en el seno de Farmaindustria, patronal de la industria del medicamento. “Es una noticia negativa para los pacientes, para los médicos y para la industria”. En estos términos se expresó Humberto Arnés, director general de la patronal. En su opinión, la iniciativa andaluza recorta la prestación farmacéutica y “limita el acceso de los ciudadanos a determinados los medicamentos”.
Según el dirigente de Farmaindustria, la iniciativa puesta en marcha por María Jesús Montero, consejera andaluza de Salud, “genera inequidades y una ruptura de la unidad del mercado, por lo que esperamos que haya una reacción del Gobierno contestando a esta actuación”. Asimismo, subrayó que se trata de una medida perjudicial para los facultativos, porque limita su libertad de prescripción, y para las compañías, porque “restringe su capacidad de actuación”.
En este sentido, el director general de Farmaindustria remarcó que la normativa “está fuera de lugar en un mercado donde ya están instaurados los precios menores”, debido a que las subastas se van a centrar en productos que están fuera de patente y “tienen competencia genérica y, por tanto, las marcas ya están a precio menor”.
Por su parte, Ángel Luis Rodríguez de la Cuerda, director general de la patronal de medicamentos genéricos, Aeseg, se mostró en contra de las limitaciones y aseguró que la decisión les había pillado por sorpresa, por lo que “habrá que esperar a que se publique y analizarla”. Pese a ello, afirmó que el proyecto andaluz “afecta a la igualdad del sistema, la cohesión y la unidad del mercado”.
En su opinión, se trata de la normativa de una comunidad autónoma sobre el resto que “perjudica al ciudadano y priva la libre competencia”, ya que solamente otorga la exclusividad de un producto, su prescripción y dispensación a una única compañía. Del mismo modo, De la Cuerda comentó que el decreto-ley andaluz daña seriamente los valores industriales del país, ya que “provocará un mayor desempleo y una disminución de la productividad” farmacéutica. Desde el punto de vista de la legislación europea, este directivo de Aeseg aclaró que la normativa de la consejera Montero “afecta a la libre circulación de bienes y servicios”.