| viernes, 02 de diciembre de 2011 h |

Con un panorama de impagos a las oficinas de farmacia desalentador en prácticamente todo el territorio nacional, los farmacéuticos madrileños parecen vivir en una isla. Así, saben que los pagos están garantizados hasta el próximo año, debido al acuerdo alcanzado por el Colegio de Farmacéuticos de Madrid con la Consejería de Sanidad para acceder a créditos a corto plazo para pagar las facturas de octubre y noviembre. El presidente de la institución colegial madrileña, Alberto García Romero, analiza para EG este acuerdo y la situación de impagos que golpean a otras comunidades españolas. Un presidente colegial que la semana pasada realizó una declaración de intenciones que puede servir de aviso a navegantes: “Es necesario priorizar y defender lo bueno que tenemos, es decir, de invertir racionalmente en Salud”.

Pregunta. El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid ha garantizado a sus colegiados el cobro de las facturas hasta final de año. Visto como está el escenario de pagos en el resto de las comunidades autónomas, es todo un logro, ¿no?

Respuesta. Era lo primero que teníamos que resolver y, en efecto, creo que los farmacéuticos madrileños nos debemos sentir satisfechos de que el cobro de las recetas esté garantizado este año, sobre todo con la que está cayendo. En este sentido, tengo que agradecer, públicamente, a los consejeros de Sanidad y Hacienda madrileños, Javier Fernández-Lasquetty y Percival Manglano, la voluntad, el esfuerzo y el diálogo abierto hasta llegar a un acuerdo para este año y para 2012.

P. ¿El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid ha garantizado también los pagos para el próximo año?

R. Sí, también los hemos garantizado para 2012. Es decir, de enero a octubre Hacienda acaba de informar positivamente cual será el sistema que, con respecto a la cláusula del concierto habilitará para 2012. Confiamos también que el año que viene se reactive algo la economía, antes de lo que predicen los expertos para poder así abrir nuevos escenarios que respondan a las necesidades de los ciudadanos y las demandas profesionales del sector sin tener que preocuparnos de los cobros. Pero esto será complejo y muy difícil.

P. Sin embargo, parece que el problema se encuentra en que en 2012 los desajustes, si se presupuesta como hasta ahora, llegarán antes, ¿no?

R. No tiene por qué ser así. El presupuesto en Farmacia de la Comunidad de Madrid para el año que viene apenas se ha recortado, por lo que los pagos a las farmacias siguen siendo una de las prioridades del actual gobierno regional.

P. ¿Considera que para garantizar estos pagos ha sido importante ver con tiempo que existía una ‘tensión financiera’?

R. Ciertamente sí. Hemos hecho un seguimiento del gasto mes a mes, y una previsión de cierre del ejercicio 2011. Y, todo ello, en colaboración estrecha con la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Cada comunidad parte de una situación distinta. Tanto este ejercicio como el pasado han sido de una complejidad tremenda para nuestros gestores públicos, como también lo será el próximo. Por eso, debemos saber que nos movemos en un escenario de recortes y de reducción del gasto para tratar de buscar las mejores soluciones de común acuerdo con los distintos gobiernos, en nuestro caso, con la Comunidad de Madrid. Nuestro enfoque se ve claramente reflejado con la firma del concierto, donde se habilitan soluciones al pago.

P. Entonces, por lo que dice, ha sido importante la buena sintonía entre el colegio y la consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

R. Sin duda. Y, como he dicho anteriormente, añadiría Hacienda. Tanto con el actual consejero y su equipo como con los anteriores, hemos trabajado codo con codo e incluso a tres bandas, en el caso de Hacienda y desde el primer momento, abordando los problemas que surgían con franqueza y siempre con un espíritu de colaboración. Este trabajo creo que ha dado sus frutos y es justo agradecer el esfuerzo de ambas consejerías y de los equipos que han tratado estos asuntos económicos tan sensibles como delicados.

P. El importe de los créditos solicitados por los farmacéuticos madrileños este año asciende a 210 millones de euros, con un coste de un millón de euros. ¿Quién se hace cargo de estos costes?

R. El concierto que firmamos en enero resuelve esta situación y nos permite compensar los costes de los créditos institucionales solicitados sin que las oficinas de farmacia tengan que aportar su patrimonio. Era una condición imprescindible para llegar al acuerdo, porque muchas farmacias no tienen capacidad de endeudarse sin poner en riesgo, precisamente, su patrimonio. Por eso, reconocemos el esfuerzo que asume la Comunidad de Madrid para liberar a la farmacia de la carga que supone afrontar retrasos en los pagos.

P. Sobre este particular, en la actualidad vemos las distintas opciones a las que se acogen los diferentes colegios autonómicos para hacer frente a impagos o posibles retrasos. ¿Echa en falta un posicionamiento común o son necesarias estas estrategias diferentes por parte de los colegios?

R. Creo que los farmacéuticos nos hemos visto sorprendidos por la gravedad e intensidad de una crisis que ha puesto en jaque el modelo económico de la farmacia. Nadie está preparado para una situación como esta, donde algunas comunidades se han visto incluso sin margen de maniobra para pagar los medicamentos que consume la población. Por eso, ha habido que trabajar en soluciones posibles y, sobre todo, echarle imaginación para evitar que muchas farmacias cierren. Sin el duro trabajo que han desplegado los colegios, el Consejo General y el sector en su conjunto, hoy estaríamos hablando de la liquidación del actual modelo.

P. Por otro lado, ¿cree usted que el problema está en la infrafinanciación?

R. La deuda acumulada por las comunidades autónomas y los actuales problemas de pago a las farmacias son una buena prueba de que la Sanidad española no está bien financiada, y que sería necesario dar carácter finalista a los fondos sanitarios para saber a qué atenernos. Ahora bien, también somos conscientes de que la Sanidad se puede convertir en un pozo sin fondo si no se establecen límites y reglas de juego claras, y aquí debemos arrimar el hombro todos y no solo el sector farmacéutico, que es el que más ha contribuido hasta la fecha y al que se le siguen pidiendo esfuerzos.

P. Entonces, visto lo visto, ¿está en peligro la prestación farmacéutica?

R. De seguir así, desde luego. Si se continúa empobreciendo a la farmacia a través de continuas rebajas de los precios de los medicamentos y los retrasos o impagos de las recetas se convierten en norma, lo que no pudo Bruselas con su dictamen motivado, lo hará la crisis y los recortes autonómicos. Las farmacias son también pymes, y no tienen ninguna capacidad de aguantar sin cobrar las recetas que ya adelantan.

Pregunta. Cataluña habla de ‘tique moderador’ para moderar la demanda y garantizar la prestación. ¿Es la solución?

R. No creo que lo sea. Los médicos son los responsables de prescribir en recetas a los pacientes y si se producen abusos o desvíos injustificados habrá que investigarlos y sancionarlos, tanto si se trata por parte de los profesionales como de los pacientes. Dicho esto, entiendo que las comunidades busquen nuevas medidas para afrontar la actual situación, y espero que estos ensayos estén bien fundamentados y contrastados, porque la Sanidad admite pocos experimentos.

P. Para pocos experimentos están, por ejemplo, las boticas rurales. ¿Es el colegio especialmente sensible a sus demandas?

R. Desde luego. El año pasado promovimos un informe para estudiar la delicada situación que atraviesan muchas boticas rurales y de barrio, que apenas tienen ingresos para llegar a final de mes. Los resultados los pusimos en conocimiento de la Consejería de Sanidad y de la Federación de Municipios de Madrid, de manera que hemos abierto una mesa de trabajo para buscar soluciones que garanticen la continuidad del servicio. No olvidemos que la farmacia rural presta un servicio insustituible y atiende todo tipo de emergencias sanitarias a cualquier hora del día. En la actualidad, trabajamos para aligerar su carga laboral mediante un reordenamiento de las guardias, que no responden a la demanda real y que es un servicio claramente deficitario para los profesionales del sector.