La patronal de la industria del genérico norteamericana (GPhA) ha denunciado las “practicas comerciales anticompetitivas de la industria de marca para bloquear la entrada de genéricos en el mercado norteamericano”. De este modo, la patronal ha celebrado que el Senado norteamericano, en concreto el Comité de Envejecimiento, haya puesto el debate sobre la mesa para intentar mitigar esta situación.
Tal y como aseguró el presidente y director ejecutivo de la patronal, Chip Davis, “a medida que los costes asociados con el uso de medicamentos de especialidad de marca siguen aumentando, el análisis y la revisión pública de las prácticas comerciales diseñadas expresamente para restringir la competencia de los genéricos son más importantes que nunca”. De este modo, consideró esencial “entender la diferencia entre lo que el Comité está analizando, que son los acuerdos de distribución restringidos autoimpuestos y utilizados por las compañías selectas para impedir la entrada de genéricos, y aquellos exigidos por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para proteger la salud pública y la seguridad”.
Aunque la patronal del genérico reconoce los abusos realizados sobre la regulación de evaluación de riesgos y estrategias de mitigación (REMS), celebra la atención prestada por el Comité del Senado “ante el abuso de los acuerdos de distribución restringidos voluntarios realizados por ciertas empresas “.
Este abuso, dijo el presidente de la GPhA, no solo conduce a los fabricantes de genéricos y biosimilares a una desventaja competitiva, sino que también extiende los monopolios, afectando al acceso de los pacidntes. “Esta práctica está costando miles de millones de dólares al sistema de salud al año”, argumentó.
Los debates en el Senado norteamericano llegan tras meses de polémica por el aumento de los precios de los medicamentos de marca en el país. Un informe del Departamento de Salud y Servicios Humanos aseguraba hace unos meses que los medicamentos genéricos “no son los causantes del problema de los precios de los medicamentos”, ya que, al contrario que los de marca, “han reducido el precio en los últimos años”.
Propuestas concretas
Precisamente el pasado mes de febrero la GPhA instaba al Congreso norteamericano a impulsar el ahorro en términos de costes de atención médica a través de los genéricos y los biosimilares. Tras una audiencia con el Comité sobre Salud, Educación, Trabajos y Pensiones del Senado (Help), el presidente de la patronal del genérico aseguraba que la atención sanitaria en el país debe centrarse en aumentar la competencia farmacéutica, ampliando el acceso a medicamentos genéricos seguros, eficaces y más asequibles, que aporten ahorros importantes al sistema norteamericano.
Para ello, la GPhA enunció cinco medidas específicas para aumentar la competencia de los genéricos en el pais. En primer lugar, propone acortar los plazos para la aprobación de genéricos por parte de la agencia norteamericana (FDA), que actualmente se sitúa en 48 meses.
En segundo lugar, propone aumentar la utilización de genéricos entre la población de bajos ingresos del Medicare, lo que podría ahorrar, dicen, hasta 17.700 millones de dólares en 10 años. Así, insta a “frenar algunos abusos de las compañías de marca sobre los programas de seguridad de la FDA, como la Evaluación de Riesgos y Estrategias de Mitigación (REMS), que se utiliza para mantener a los genéricos fuera del mercado”. Esta medida, dicen, produciría un ahorro de 2.400 millones de dólares en 10 años.
Asimismo, la patronal del genérico pide trabajar en estrecha colaboración con reguladores e industria para asegurar un marco seguro y competitivo para los biosimilares, de tal forma que se acelere el acceso a los mismos. Los ahorros estimados de los biosimilares, precisa, oscilan entre los 44.000 y los 250.000 millones de dólares.
Por último, la patronal norteamericana solicitaba revocar la sección 602 de la Ley de Presupuesto bipartidista de 2015. El aumento del reembolso en el Medicaid para los medicamentos genéricos establecido en el acuerdo sobre el presupuesto perjudica al Medicaid y sus beneficiarios, así como para los contribuyentes y, dicen, “debería derogarse de forma inmediata”.
