La atención farmacéutica domiciliaria, ¿carga u oportunidad? Por parte de la profesión farmacéutica, la respuesta es clara: “oportunidad”. Sin lugar a dudas. Ahora bien, ¿es la misma visión que tienen las Administraciones? Parece ser que sí. Al menos en la Consejería de Sanidad de la Generalitat valenciana, a tenor de lo manifestado por su directora general de Farmacia, Patricia Lacruz, en una jornada sobre esta temática organizada este 24 de septiembre por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia.
Sobre este aspecto, Lacruz resaltó el compromiso de la Administración para realizar las acciones pertinentes que permitan ofrecer una atención farmacéutica de calidad. En este objetivo “uno de los retos es identificar qué tipo de población requiere de esta atención y que el futuro de la atención al paciente pasa por una integración y coordinación de las estructuras farmacéuticas del sistema sanitario”, aventuró. Asimismo, adelantó que la Consejería de Sanidad valenciana es partidaria de que las farmacias accedan al historial farmacoterapéutico del paciente.
Por su parte, el presidente del colegio valenciano, Jaime Giner, indicó que “tenemos un futuro apasionante por delante encaminado hacia la atención farmacéutica domiciliaria”. Una AF domicilaria que el presidente de Cofares, Carlos González Bosch, pidió que se asocie “a la Ley de Dependencia”.
Siete millones de euros en dos meses. Esa es la cantidad y plazo del que dispone la Generalitat valenciana para abonar a los farmacéuticos de Valencia los intereses de demora generados por los impagos de facturas entre 2008 y 2011, toda vez que la sentencia original emitida por el Juzgado Contencioso-Administrativo número 1 de Valencia —recurrida en 2014 por la Consejería de Sanidad— ya es firme y el colegio farmacéutico ha solicitado su ejecución.
La ‘sangría’ que de por sí genera a las arcas autónomicas el pago de intereses por el retraso en el abono de recetas es aun mayor teniendo en cuenta la obcecación de la Administración por recurrir las mismas (la Justicia viene dando sistemáticamente la razón a los farmacéuticos en todas las sentencias relacionadas con esta obligación) . Por ejemplo, respecto a esta última, desde la presentación de la demanda hasta que la sentencia es firme se han devengado intereses legales (correspondientes al 4 por ciento anual), por cerca de un millón de euros más.
En valoraciones a EG, el presidente del COF de Valencia, Jaime Giner, recuerda que el cobro de intereses de demora es “un derecho” de los boticarios que vienen sufriendo continuos impagos desde hace años y que “la Administración debe ser consciente que no se pueden pagar intereses constantemente”. Un suma y sigue, ya que todavía entán pendientes de resolución las reclamaciones de intereses por impagos de 2013 y 2014 y que, a tenor de los precedentes, también deben ser favorables a los boticarios.
