Pese al compromiso adquirido por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) de garantizar el pago a los suministradores que participen en la compra centralizada de medicamentos, mediante un mecanismo que debería contar con el visto bueno de Hacienda, existen obstáculos para poder articular dicha garantía que no parece se puedan solucionar de un día para otro.
Así lo indican desde Tesera de Hospitalidad, cuyos expertos en contratación pública aluden a la obligación que establece el Real Decreto-ley 4/2012, convalidado por la Ley 11/2013, de que los proveedores registren las facturas antes de 30 días desde la provisión del servicio o el suministro, para que puedan ser validadas por la Administración.
Para que eso sea posible, las comunidades autónomas tendrían que haber procedido a la puesta en marcha de dicho registro y, a este respecto, cabe destacar que solo La Rioja, a cierre de esta edición, ha efectuado un movimiento en dicha dirección. “Se hizo pública la creación del registro el 2 de octubre. Pero ahora hay que poner en marcha todo el sistema electrónico”, aseguran los abogados de Tesera.
El hecho de que el resto de comunidades no hayan procedido en el mismo sentido, hace imposible la articulación del mecanismo de cara a los procesos abiertos para la adquisición de Factor VIII e inmunosupresores, pese a que las compañías contaban con la promesa de Ingesa de que la garantía se iba a hacer efectiva.
Sobre este particular ya se había pronunciado el director de Relaciones con las Comunidades Autónomas de Farmaindustria, José Ramón Luis-Yagüe, que la semana pasada mostraba sus dudas sobre la capacidad de la Administración para implementar dicha garantía. Pese a ello, reconoció que la aprobación de la Ley Orgánica de Control de la Deuda Comercial del Sector Público podría servir como base legal para poder llevar a la práctica las buenas intenciones mostradas por el Gobierno.
