Aunque los colegios farmacéuticos de Comunidad Valenciana siguen manteniendo abierta la línea de diálogo con la Consejería de Sanidad regional para llegar a “puntos de encuentro” respecto al decreto ley 2/2013, otras entidades profesionales, como es el caso de las patronales farmacéuticas, no quieren que ello suponga que el Ministerio de Sanidad se “desentienda” de este asunto. En concreto, de sus posibles visos de inconstitucionalidad.
Por ello, de forma paralela al mantenimiento de estas reuniones, que tendrán un nuevo capítulo esta semana, las patronales farmacéuticas de Valencia (Farval), Alicante (Apefa) y Castellón (Afofc) han iniciado un proceso de recogida de firmas contra esta normativa que serán enviadas a Sanidad con el objetivo de instarle “a reconducir la situación a un cauce de legalidad y preserve una prestación farmacéutica en igualdad de condiciones en todo el territorio nacional”, según reza el escrito que acompañará este envío de firmas.
Las empresariales valencianas instan a la ministra de Sanidad, Ana Mato, a que sea una comisión mixta compuesta con representantes ministeriales y de la consejería regional la que se encargue de reconducir esta situación. Si dicha comisión no consiguiese “rectificar los artículos inconstitucionales y lesivos de esta norma por la vía del diálogo”, estas patronales piden a Mato que recurra ante el Tribunal Constitucional dicha normativa. Cabe recordar que la farmacia valenciana ‘depende’ del Ministerio de Sanidad, de un mínimo de 50 diputados o senadores, o del Defensor del Pueblo para llevar esta norma ante este tribunal.
Según ha podido saber EG, las patronales valencianas han sugerido a los colegios farmacéuticos “ir de la mano” en el envío de esta misiva, sin haber obtenido por el momento respuesta ‘oficial’.
