Europa está teniendo dificultades para conjugar los intereses de los estados, los pacientes y la industria farmacéutica en una estrategia común sobre evaluación económica. Los resultados de la consulta pública lanzada desde la Comisión Europea sobre la creación de una red europea de evaluación de tecnología sanitaria, tal y como consta en la directiva de Sanidad Transfronteriza, es un interés general, si bien no todos los agentes tienen la misma capacidad para participar en ella. La propia Comisión Europea reconoce que la industria es el agente mejor dotado en cuanto a personal, expertos y recursos financieros, aunque este sector sigue insistiendo en que es necesario que los procesos de evaluación sean transparentes e independientes de cualquier toma de decisión política. Las nuevas experiencias a nivel nacional continúan manifestando diversos problemas para conseguir este objetivo.
En Alemania continúan las desavenencias en torno a los procesos de evaluación de los medicamentos incluidos en el nuevo sistema de fijación de precios (ver EG núm. 584), según el cual no probar beneficios adicionales equivale a entrar en un sistema de precios de referencia. Estas discrepancias han supuesto ya la retirada de cuatro productos del mercado alemán, que podrían ser cinco si, tras superar la fase de audiencia oral, en marzo se ratifica el informe del IQWiG (el instituto alemán encargado de determinar el valor de los fármacos) sobre el antiepiléptico Fycompa (perampanel DCI), aprobado por la Comisión Europea el 23 de julio de 2012 y disponible actualmente en Reino Unido, Dinamarca, Austria y Suecia, además de en Alemania.
La farmacéutica Eisai ha mostrado su discrepancia con esta evaluación, que como en los anteriores casos se aferra a consideraciones metodológicas para determinar que no hay beneficios añadidos probados. La compañía, por su parte, insiste en que el fármaco es un nuevo tipo de tratamiento para la epilepsia con un novedoso mecanismo de acción y cree que IQWiG no ha sabido reconocer la naturaleza innovadora de un producto destinado a cubrir una necesidad hasta ahora no cubierta. Sus críticas redundan precisamente en las lanzadas previamente por la patronal de la industria farmacéutica innovadora alemana, que aseguró que el IQWiG, un organismo supuestamente independiente, realmente no es objetivo, sino que está “claramente centrado” en servir a los intereses económicos y presupuestarios del gobierno.
En esta línea, Nick Burgin, director europeo de Acceso al Mercado de Eisai, aseguró que pese a ser necesario adoptar medidas para reducir costes, “continúa siendo importante considerar la presión que ejercen las necesidades de los pacientes para conseguir nuevos medicamentos innovadores”.
Críticas al VPB
Ni siquiera el Reino Unido, modelo europeo a seguir en materia de evaluación, ha escapado a las críticas. Un informe elaborado por la Comisión de Sanidad de la Cámara de los Comunes (la Cámara Baja del Parlamento británico) ha lanzado duras críticas contra el modo en el que el Gobierno británico está llevando a cabo su reforma del sistema de precios de los medicamentos para implantar, a partir de 2014, el Value-Based Pricing (VBP).
Dado que el Gobierno británico abrió su consulta en diciembre de 2010, los diputados encargados de elaborar el informe consideran “inaceptable” que los criterios para el nuevo sistema sigan sin estar claros, lo que a su juicio arroja dosis de incertidumbre para las compañías, que todavía siguen sin saber lo que les supondrá trabajar dentro del nuevo modelo.
Una de las razones de la crítica radica, precisamente, en qué pesará más dentro del nuevo sistema de evaluación. “A pesar de que la elevada reputación alcanzada por el NICE, tanto dentro del Reino Unido como fuera, se basa en el respeto a su trabajo en el campo de la evaluación del coste-efectividad de los nuevos medicamentos, es la amplia preocupación que existe sobre las implicaciones centradas en economía de la salud lo que subyace detrás de mucha de la retórica reciente sobre el VBP”, critica el informe.
Otra de las preocupaciones es que, bajo el nuevo modelo, se pierda el carácter independiente que el modelo NICE se ha ganado a pulso. Bajo el modelo actualmente en vigor, este organismo realiza sus recomendaciones basándose en el precio sugerido por el laboratorio, pero estas recomendaciones ya no tendrán lugar para los medicamentos evaluados bajo el Value-Based Pricing. Aún se le seguirá solicitando asesoramiento técnico, pero las discusiones sobre el precio con las compañías farmacéuticas serán, como destacan los diputados, “trabajo del gobierno”.
