El PP propone crear un ‘NICE’ y revisar el 5/2000
La Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias incluía entre sus previsiones la creación de una Agencia de Evaluación de la Calidad, a semejanza del modelo británico, pero no se ha desarrollado aunque es, según Ana Pastor, coordinadora de Participación Social del PP y ‘madre’ de la LOPS, una herramienta que vendría a paliar las necesidades del SNS.
Así lo expresó la semana pasada durante un desayuno-coloquio organizado por Adefarma y el Club Empresarial NEXO, en el que la ex ministra propuso la aprobación de un plan nacional de mejora de la atención a pacientes crónicos y un pacto sanitario que “garantice la calidad, la sostenibilidad y suficiencia de recursos”. En este sentido, Pastor criticó que el Gobierno declare que el pacto es inminente, sin haber presentado a la oposición un documento con propuestas.
No fueron las únicas “propuestas de futuro” que la ex ministra lanzó en formato de promesas preelectorales. Así, en el contexto de la política farmacéutica, la dirigente del PP señaló que el Real Decreto 5/2000 había “dejado de tener sentido”, y se comprometió a revisarlo si el PP llegase al Gobierno, en el marco de un programa marco de consenso para el que promete la participación de todos los agentes.
carlos b. rodríguez
Madrid
Existen posibilidades de potencial ahorro en el sistema sanitario, pero no habrá forma de avanzar hacia un modelo más eficiente si no se toman “medidas drásticas” y de reforma del sistema en relación con la toma de decisiones sobre reembolsos, la corresponsabilización de la población o la apuesta por la I+D. Son sólo tres de los 15 ingredientes que componen la receta elaborada por un grupo de expertos reunidos por la consultora PricewaterhouseCooper.
Seguramente no estén todos los que son, pero definitivamente todos los que están son, para estos expertos reunidos en torno a dos ex ministros, Ana Pastor y Julián García Vargas, temas candentes para la sanidad española. Buena parte de los que afectan al sector farmacéutico se citan dentro de las estrategias de eficiencia y reducción de costes que actualmente está en la agenda de prioridades de todos los gestores.
La clave del asunto, para estos expertos, está en evitar un futuro en el que será el control de costes el factor que más pesará a la hora de tomar decisiones de reembolso, por encima de otros como la eficiencia del fármaco, su calidad o la demanda. Por ello, creen necesario establecer mecanismos que reduzcan el exceso de frecuentación “aunque ello pueda conllevar, al menos parcialmente, medidas que se creen impopulares”.
Más allá, el documento llega a la conclusión de que la alineación de los sistemas de pago con unos incentivos adecuados y, sobre todo, la evaluación económica, son dos factores clave en el control del gasto. El enorme reto de cuantificar la innovación para financiar los fármacos de última generación también pasará, según el plantel de especialistas, por introducir contratos de riesgo compartido.
Esta línea, que ha surgido en varios países, se perfila también útil para lograr otro reto para la sanidad: incentivar la I+D+i, de manera que España no sea sólo consumidor de tecnología. Ello requiere, según el documento, un Plan que fomente la competitividad de la industria de tecnologías sanitarias, “en una línea similar a la iniciada con el Plan Profarma”.
El modelo vasco triunfa
No todas las iniciativas por las que apuesta el informe elaborado por PricewaterHouse supondrían un cambio radical en el sistema. Algunas de esas apuestas ya han sido, en el menor caso, anunciadas por algún responsable autonómico.
La transformación impulsada en el País Vasco por Rafael Bengoa podría considerarse en este sentido como todo un referente, a juicio de los expertos, hasta en tres campos. El cambio cultura y organizativo del modelo sanitario para abordar las enfermedades crónicas, la decisión de Osakidetza de otorgar mayor autonomía y poder a los profesionales en el nivel local asistencial y el mayor protagonismo otorgado al paciente en el cuidado de su enfermedad son líneas que también reciben el beneplácito de los expertos reunidos por la consultora.
Este último paso está, además, muy vinculado con otro de los ingredientes de esta receta. “Se debe revisar la asignación de recursos a la prevención incentivándola y situándola como verdadera prioridad sanitaria, educando para la salud a todos los niveles”. Actualmente España es uno de los países de la OCDE que menos invierte en prevención sanitaria.
Las colaboraciones público-privadas, los pagos por desempeño o la interoperabilidad de los sistemas de información para evitar la aparición de ‘17 islas’, vienen a completar una serie de mejoras que encuentran su puntilla, como siempre, en un sistema de financiación autonómica al que los expertos encuentran todavía un defecto: no es finalista.
