El reconocimiento explícito del derecho a suministro por parte de los laboratorios farmacéuticos a los almacenes mayoristas no está recogido en el Real Decreto de Distribución que salió del Consejo de Ministros el pasado 11 de octubre. Un hecho que ha supuesto la victoria de la tesis que se ha defendido por parte de la Aemps desde la llegada de Belén Crespo a la dirección de esta institución, que sostenía que este derecho es de los laboratorios y son los que tienen que decidir cómo llegan sus fármacos a las farmacias, y que ha significado una ‘derrota’ para las distribuidoras, que habían hecho del derecho al suministro una reclamación histórica.
La ausencia explícita del derecho al suministro ha sido criticada por los máximos representantes de las distribuidoras que operan en España. Este es el caso de Carlos González-Boch, presidente del Grupo Cofares, que señaló que “la decepción que supone no explicitar en el real decreto la obligación de suministro muestra la inconsecuencia que, a veces, tienen los decretos de la Administración cuando, por otra parte, exige suministros a las farmacias en menos de 24 horas”.
Sobre este punto incidió al señalar que, “probablemente, en un somero análisis del estado de realidades se puede colegir que suponen una contradicción en origen”. Pese a todo, mostró cierto optimismo de cara a la forma en la que se desarrollarán las relaciones entre farmacéuticas y almacenes mayoristas, ya que, tal y como comentó, “afortunadamente, la realidad suele ser más sensata que algunos textos y espero y deseo que esta garantice por la vía de los hechos lo que no hemos conseguido por la vía de la legalidad.”
De igual modo, Carlos Coves, presidente del Grupo Hefame, mostró su sorpresa por la no inclusión del derecho al suministro por parte de los laboratorios en este real decreto, y alertó de los problemas que puede acarrear. “Si el derecho a la distribución de los almacenes mayoristas no está garantizada se pueden producir desabastecimientos en las oficinas de farmacia, y eso repercutirá, como es natural, en el paciente”. Asimismo, se mostró crítico con la inclusión de otra serie de medidas para cuya implantación “se necesitará unas inversiones económicas difíciles de llevar a cabo por parte de la distribución”.
Derecho del paciente
Por su parte, Javier Casas, director General de Alliance Healthcare, precisó que desde la distribuidora se defiende “el derecho al suministro, pero al paciente a través de la farmacia”, un suministro en el que la distribución “tiene un papel clave en la cadena”. A este respecto, según él, si cada uno cumple su misión, “el paciente tendrá cubiertas sus necesidades”.
Igualmente, cree que no reconocer este derecho se contradice con la obligación de garantizar el suministro a las boticas, “por lo que debe estar motivado por un intento de solucionar el exceso de capacidad que la distribución farmacéutica tiene en España”. Eso sí, para él, la Administración debe velar por el servicio al paciente, “no legislar para el mantenimiento de estructuras ineficientes”.
Del mismo modo, incidió en que si la motivación es el control “dispone de herramientas para controlar que el destino final que cada distribuidor da a los fármacos que recibe es el correcto para garantizar el suministro al ciudadano”.
