Redactor jefe de ‘La Razón’ viernes, 28 de marzo de 2014 h
Las farmacéuticas están parcialmente de enhorabuena. Tras de meses de agonía, la Administración, encarnada en el Ministerio de Hacienda, ha puesto otra vez el marcador casi a cero. Entre el 18 y el 21 de febrero, las empresas recibieron unos 2.300 millones de euros como pago por las facturas de los medicamentos que tenían aún pendientes las autonomías. Tras esta nueva ‘tabula rasa’, las consejerías ‘solo’ adeudan unos 2.000 millones de euros, cantidad que puede parecer ingente pero que es baja en la serie histórica y razonable si se compara con épocas anteriores y se enmarca en el contexto crítico que vive la economía del país. Tras ejecutarse el plan de pago a proveedores, el periodo medio de pago también se sitúa en mínimos históricos: 153 días. Muy poco, si se tiene en cuenta que había comunidades que superaban con creces los 700, 800 y hasta 900 días a la hora de abonar los fármacos dispensados por sus hospitales.
Ahora bien, el éxito del plan y la sensibilidad mostrada por el Ministerio de Hacienda en este momento de graves dificultades económicas no deben oscurecer la realidad ni llevar a los directivos de las empresas a lanzar las campanas al vuelo. Pese a saldarse el grueso de los débitos, 2014 podría ser uno de los peores años para el sector en lo que a la deuda se refiere. Las razones para ser pesimistas son abundantes. La primera, y fundamental, es que con un volumen de deuda pública encaminado aceleradamente hacia el cien por cien del PIB (los datos de enero han sido catastróficos), se hace difícil pensar que Cristóbal Montoro vaya a animarse a activar otro plan de pronto pago si los retrasos vuelven a dilatarse, como parece que ocurrirá. Las arcas públicas siguen en bancarrota y algunos feudos, como Valencia, han dicho ya en reuniones a puerta cerrada con los agentes del sector que en septiembre agotarán previsiblemente el presupuesto del que disponen para todo el año, por lo que cabe colegir que el desembolso de los medicamentos dispensados no entrará entre sus prioridades. El segundo motivo para el pesimismo es que con sus planes, Montoro ha sembrado de forma inconsciente entre los feudos autonómicos el sentimiento de que tarde o temprano será el Estado el que acuda en socorro para desembolsar todo lo que está pendiente. Esta cultura de que ya pagará otro es tónica común en las consejerías, y puede causar un daño atroz a las empresas. Si se tiene en cuenta todo este contexto, cabría recomendar a los CEOs y directivos que operan en España que sean cautos ante sus casas matrices. Es bueno vender que las deudas se pagan y que nuestro país es solvente, pero con los meses su mensaje puede volverse contra ellos como un boomerang.
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