Hace tiempo que se acabó la época dorada para la industria farmacéutica, tiempos en los que las autoridades, sobre la base de un ciclo de esplendor económico, aprobaban y financiaban con precios generosos la mayor parte de las novedades que presentaban los laboratorios. Ahora, en cambio, los estados están en otra onda, la de la contención del gasto, con políticas de precios las que prima la filosofía del pago por valor.
Esta fue la principal conclusión que pudo extraerse del encuentro organizado por la Fundación Gaspar Casal y PharmaMar, en el que se realizó un análisis comparado de los sistemas sanitarios de Alemania y España, haciendo hincapié en los nuevos criterios que priman en estos países y algunos otros del entorno europeo a la hora de fijar el precio de los medicamentos financiados.
A este respecto, cabe destacar la aportación de Andreas Gerber, director de Economía de la Salud del Instituto Alemán de Calidad y Eficiencia en la Atención a la Salud (IQWIG), quien señaló algunos problemas en el proceso evaluador. “Con la última reforma, que entró en vigor en 2011, la negociación del precio está basada en el beneficio incremental (no se da precio superior a un fármaco que no aporte nada con respecto al existente). Esto ha generado algunas tensiones con la industria, dada la dificultad para establecer comparadores adecuados, a lo complejo que es agregar datos de supervivencia, mejora de la calidad de vida y efectos adversos y a la ausencia de parámetros exactos para determinar la segunda de estas tres variables”, afirmó.
Su ponencia fue complementada por Bernhard Wörmann, de la Sociedad Alemana de Hematología y Oncología Médica, quien destacó el carácter participativo del proceso de aprobación y financiación del precio. En este sentido, resaltó el papel de las sociedades científicas en el establecimiento de los comparadores, aunque dio a entender que las autoridades no siempre tienen en cuenta sus recomendaciones.
Asimismo, respecto a los efectos adversos, reconoció la necesidad de estandarizar su evaluación, y puso como ejemplos el empleo de tres categorías: relevante, reversible y manejable. Sobre la adopción de la supervivencia como criterio para determinar el beneficio incremental, concedió cierta superioridad a la tasa de remisión sobre la supervivencia global, por la posibilidad de que incluya los resultados de varios tratamientos.
Pago por valor en España
En España, las autoridades han optado por seguir el mismo camino. Según Jaume Puig, catedrático del departamento de Economía y Empresa de la Universidad Pompeu Fabra, la clave está en abandonar la política tradicional de regulación de precios y adoptar políticas de compra, basada en una estimación de la disponibilidad presupuestaria, la determinación del número de pacientes en los que es efectivo el tratamiento…
Para ello, destacó el papel de los contratos de riesgo compartido, poco promovidos, a su juicio, por la Administración. Aunque para Puig existe una alta probabilidad de que estos acuerdos sirvan para facilitar el acceso, y cree que esconden algunos peligros. “Italia y Reino Unido los utilizan para esconder un doble precio y no afectar a la referenciación europea”, advirtió.
