En política farmacéutica las consejerías de Sanidad de Baleares y Canarias tienen varios frentes comunes abiertos. En ambos casos han visto como se judicializaban sus últimos concursos de adjudicación de nuevas oficinas de farmacia. También en ambos casos, el ‘bloqueo’ a la puesta en marcha de las convocatorias que ha supuesto su paso por los tribunales, a la par que la rentabilidad del sector ha caído en picado, les ha llevado al mismo planteamiento: la conveniencia de reducir la cifra original de farmacias ofertadas.
Decisiones como estas podrían parecer lógicas si el objetivo es “hacer viables tanto las boticas nuevas como las ya existentes”, como así lo justificó la consejera canaria, Brígida Mendoza. Pero, buenas intenciones al margen, para los tribunales no es legal. En una sentencia reciente respecto al concurso abierto en Baleares, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares recordó a la consejería de Sanidad que no puede frenar, como lo hace desde 2009, la apertura de nueve boticas (ocho en Palma de Mallorca y una en Binissalem) bajo el argumento de que las mismas “agravarían la caída de ingresos del sector debido a la mayor competencia”.
En el fallo, que obliga a convocar de inmediato el correspondiente concurso de méritos para adjudicarlas, el tribunal indica que la inestabilidad del sector es “supuesta”, pero que, en todo caso, “es irrelevante a los efectos de adjudicar nuevas oficinas legalmente autorizadas”. No obstante, la consejería balear que dirige Martí Sansaloni también justificó ‘bloqueo’ por el hecho de que está a la espera de conocer los fallos de otros litigios que afectan a esta convocatoria.
Por su parte, a pesar de lo indicado en esta sentencia, y aunque sus argumentos son los mismos que no ‘acepta’ el tribunal balear, la consejería de Sanidad de Canarias tiene decidido que no se ofertarán, al menos en una primera fase, las 119 nuevas farmacias que recogía en origen la convocatoria paralizada desde 2007. En un primer término, se valoró adjudicar solo la mitad de la oferta (59 boticas) mientras que la apertura del resto de establecimientos quedaría para el futuro “a expensas de la evolución económica del sector”. En este sentido, fuentes de la consejería de Sanidad canaria han confirmado a EG que, si bien sigue adelante esta idea, aún no se ha decidido la cifra concreta.
