El atractivo principal de las subastas andaluzas para las compañías que participaron en los concursos de licitación era contar con el total de la cuota de mercado de la molécula adjudicada. Sólo bajo esa premisa los laboratorios podrían realizar las aportaciones establecidas y competir bajo las reglas de la economía de escala. Sin embargo, la principal promesa de la consejería de Salud andaluza no se ha materializado y las compañías están pagando el incumplimiento.
Actualmente, la cuota de mercado de los productos licitados por el SAS alcanza la cota del 50 por ciento, la mitad de la cifra que haría viable la medida de ahorro andaluza. Estos guarismos ponen en jaque las perspectivas de los laboratorios, que siguen cumpliendo con las condiciones de potencial de abastecimiento que exigen los contratos de licitación.
La polémica que ha suscitado la norma de la consejera de Salud, María Jesús Montero, junto con la guerra política entre los gobiernos central y autonómico, han colocado en una posición muy delicada a las compañías adjudicatarias. El último recurso de inconstitucionalidad puede ser la gota que colme el vaso de la paciencia de las compañías. Una moratoria alargada en la respuesta del Tribunal Constitucional daría al traste con las subastas.
Junto con el principal problema de ausencia de exclusividad de las moléculas adjudicadas, los laboratorios se enfrentan a una consecuencia directa no menos nefasta: el aumento de los costes de almacenamiento de los envases. La paralización de la norma de Montero mientras el Constitucional masculla su resolución implica la no obligación para las farmacias de dispensar las moléculas adjudicadas. Es decir, los laboratorios que se alzaron con las subastas tienen en stock miles de envases que no ponen en circulación, elevando el coste y complicando aún más el beneficio con unos precios bajos.
Bajo este panorama que deja el mes de agosto, la paciencia tiene fecha de caducidad. Si no se produjese una solución en los próximos dos meses, sería complicado que las adjudicatarias pudiesen seguir permitiéndose los precios pactados con el SAS.
Las miradas están puestas en el Tribunal Constitucional, del que la Junta de Andalucía espera que se pronuncie de igual forma a la que lo hizo en julio tras el primer recurso que presentó el gobierno central. Pero además, espera que lo haga pronto, porque el tiempo juega en contra del Gobierno regional y los laboratorios adjudicatarios. Enfrente se situaría el resto del sector que espera un parón definitivo a las subastas.
