En los últimos meses, los pacientes han podido ver cómo se ha avanzado en el papel que tienen que desempeñar dentro del Sistema Nacional de Salud. Por primera vez, están presentes en el Consejo Asesor de la ministra. No obstante, ni el Consejo Asesor ni su composición “tienen una base legal que lo haga permanente”, según Alejandro Toledo. Ante los diputados de la Subcomisión de análisis de los problemas estructurales del sistema sanitario el presidente de la presidente de la Alianza General de Pacientes (AGP) y de Alcer reclamó dar al Consejo Asesor “un papel más efectivo” de lo que es en este momento y un marco regulatorio que facilite el ejercicio de las funciones de las asociaciones de pacientes.
La nueva legislación que reclama la AGP pasa, en primer lugar, porque las asociaciones “dejen de estar diluidas” en la legislación general aplicable al derecho de asociación y cuenten con un registro público especifico y que la inscripción en el mismo sea requisito, en todo caso, para actuar como tales. Asimismo, debería regular, según Toledo, el derecho de participación de aquellas en todos los órganos consultivos que estén establecidos o que se establezcan en los ámbitos estatal y autonómico del sistema sanitario público.
Igualmente, a modo de reivindicación del papel que desempeña el movimiento asociativo dentro del SNS, y el que puede desempeñar en el futuro si se le reconoce como agente social, los pacientes consideran preciso que en la tramitación de las normas que afecten a los derechos o intereses de los pacientes sea preceptivo pedir informe a las asociaciones.
Para hacer efectivas estas propuestas, la AGP pide, en primer lugar, que se introduzca un nuevo Título en la Ley de Autonomía del Paciente, que esté dedicado a los derechos colectivos de los mismos (derecho de participación, consulta, información y propuesta) ante los órganos e instituciones en los que se articula el SNS. Además, pide que se añada un punto 4 en el artículo 11 de la Ley de Enjuiciamiento Civil a efectos de reconocer a las asociaciones de pacientes representativas la posibilidad de ejercer acciones colectivas en defensa del interés difuso, público o general. En tercer lugar, Toledo reclamó que se apruebe la correspondiente normativa reglamentaria que establezca y regule el registro de asociaciones y los requisitos sobre representatividad.
“Altura de miras”
El reconocimiento de los derechos de los pacientes no fue el único de eje de la comparecencia de Alejandro Toledo, solicitada a petición del grupo parlamentario popular. Tras realizar un balance del año del Real Decreto-ley 16/2012, el presidente de Alcer_y de la AGP reclamó “altura de miras y visión amplia” a los gestores a la hora de realizar los “ajustes (recortes) “en el ámbito sanitario.
Los ahorros de costes a corto plazo traen en muchas ocasiones, pero especialmente en sanidad, “costes mayores a largo plazo”, según Alejandro Toledo, que tras mostrar su preocupación por el posible descenso de la calidad de los tratamientos concertados como consecuencia de la inminente aplicación del IVA sanitario al tipo máximo, reclamó “cordura” para que finalmente se aplique el IVA reducido a discapacitados.
Toledo, que también hizo referencia a los problemas de acceso a los medicamentos como consecuencia de las medidas adoptadas en la reforma farmacéutica, aseguró además que “no solo los recortes en fármacos y su copago ayudan a la sostenibilidad del SNS, sino que existen otras medidas estructurales de mayor calado, como son algunas asignaturas pendientes en el SNS”. Entre ellas, citó la atención sociosanitaria, la potenciación de la atención primaria, las estrategias definidas en prevención y diagnostico precoz, y un abordaje a la cronicidad.
Sobre este asunto recayeron también otras comparecencias ante la Subcomisión, como la de Vicente Ortún, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Pompeu Fabra. Este economista se centró en la orientación hacia la atención primaria del sistema y su renovación, así como la mejora de la calidad a través de economías de escala.
