La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha publicado en su página web su memoria correspondiente al ejercicio 2015. En ella se pone de manifiesto el aumento de la actividad de investigación española, que según el informe ha aumentado un 14,5 por ciento.
En concreto, la agencia autorizó 818 ensayos clínicos de los cuales un 47 por ciento corresponden a fases tempranas — fase I y II —. Del mismo modo, se produjeron durante el año pasado un 43 por ciento de investigaciones en fase III, que son los encargado de confirmar la eficacia del medicamento. Por último, los ensayos clínicos de fase IV, aquellos que sirven para confirmar la seguridad y eficacia adicionales, alcanzaron la proporción del 10 por ciento.
Se da la circunstancia que este incremento se produce tras el movimiento legislativo más importante en este campo en las últimas décadas como ha sido de la aprobación del RD de Ensayos Clínicos en diciembre de 2015 y que es considerado el mayor apoyo a la investigación española.
Asimismo, durante 2015 se publicaron 55 informes de posicionamiento terapéutico tras la decisión de precio y financiación de la Dirección General de Cartera Básica del Sistema Nacional de Salud y Farmacia.
Por otro lado, la Agencia autorizó 1.396 medicamentos de uso humano el año pasado. Por tipo de medicamentos, 931 (67 por ciento) se corresponden con medicamentos genéricos. De esta forma, al finalizar el año 2015, en España había casi 16.000 medicamentos autorizados con cerca de 29.000 presentaciones.
El departamento que dirige Belén Crespo también apunta a que en 2015 se han reforzado las garantías de abastecimiento del mercado de los medicamentos ya autorizados, solucionando el 95,7 por ciento de los casos. “Para afrontar estos problemas la Aemps desarrolla una intensa actividad en cuatro líneas de actuación dentro de un plan de garantías de abastecimiento: definición, prevención, gestión de los problemas e información”, señala el informe.
Por último, el informe destaca que España lleva dos años trabajando en un plan estratégico y de acción para reducir el riesgo de selección y diseminación de resistencia a los antibióticos, que se aprobó por el Consejo Interterritorial.
