Durante las Jornadas de la Asociación de Economía de la Salud se presentó un estudio sobre los efectos del copago que destierra algunas de las consideraciones que se han hecho de la medida. El trabajo versa sobre la adherencia a los tratamientos en medicamentos que usan los pacientes que han sufrido un accidente cardiovascular.
En los primeros meses de la medida se observa un aumento en la falta de adherencia que queda compensada a los 18 meses. “Entre las personas que están en activo, ya sean aquellos que tenían rentas superiores a 18.000 euros o menores, no se han apreciado cambios. Sin embargo, los pensionistas sí que durante los primeros meses presentaron mayor falta de adherencia, sobre todo a medicamentos caros, que fue compensado al año y medio, volviendo a los niveles previo al Real Decreto 16/2012”, asegura una de las autoras, Beatriz González.
El estudio, que recoge un trabajo de campo desde un año previo a la medida del Partido Popular hasta el verano de 2013, extrae otra conclusión que, según la autora, es muy significativa. Antes del cambio de copago de medicamentos, todos los activos pagaban igual, no diferenciando por niveles de renta. Sin embargo los pensionistas, fueran cual fuesen sus atribuciones dinerarias, estaban exentos de copago. “Durante esa época hemos comprobado que existía una diferencia en relación con la adherencia entre los pacientes en activos y los pensionistas, pero lo más relevante es que había trabajadores con rentas bajas (o en paro) que presentaban problemas de adherencia mayores a los que tenían aquellos trabajadores de rentas más altas”, explica la autora del informe.
González explica que existía un agravio entre los activos que tenían de sueldo “600 euros, ya fuese de prestación por desempleo o por sueldo directo” con los pensionistas que percibían la misma cantidad porque no tenían ningún tipo de ayuda. Además, “la conclusión de fondo es que la falta de equidad en el acceso a los tratamientos no está entre el activo o el pensionista, si no entre trabajadores ricos y trabajadores pobres porque no había diferenciación”, asegura. Una de las explicaciones que ofrece González recae sobre una legislación general (la Ley de Garantías) que no responde a los tiempos actuales.
